Una investigación activada por la Comisión Galega da Competencia propone multas a una veintena de empresas de Alsa y Monbus que suman en torno a 1,7 millones de euros. Monbus ha trasladado a Europa Press su intención de presentar el correspondiente escrito de alegaciones, tras incidir en que discrepa del contenido de la propuesta.
La propuesta de sanciones fue adelantada este jueves por el digital ‘Praza Pública’, que se remite a marzo de 2023, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenció que Monbus e Alsa se habían repartido ilegalmente el mercado de líneas de bus de transporte regular en el concurso público convocado por la Xunta para renovarlas en 2020.
Esta sentencia fue ratificada después por el Tribunal Supremo y la justifica obligó a la Comisión Galega da Competencia a abrir un expediente sancionador. De él deriva esta propuesta de multas, que aún debe ser analizado por el pleno de la Comisión, que determinará la resolución definitiva.
Al respecto, Monbus ha trasladado que la compañía «mantiene un respeto absoluto» por la resoluciones dictadas por las autoridades sobre cualquier expediente administrativo que le afecte y por el órgano que la dicta, aunque «discrepe completamente de su contenido y sentido», como, agrega, «es el caso».
Añade Monbus que su equipo legal estudia aún «a fondo» la propuesta de resolución, que es un acto de trámite que, recuerda, «no pone fin al procedimiento y respecto del cual existe un periodo de alegaciones». De hecho, avanza que presentará el correspondiente escrito de alegaciones manifestando «su firme oposición a la misma».
La compañía está «completamente segura» de que el pleno de la Comisión tomará en consideración estas alegaciones y «las tendrá en cuenta a la hora de dictar la resolución correspondiente, pues toda su actividad se ha desarrollado y se desarrolla con el más absoluto respeto y rigor a la legalidad vigente».
La empresa, al tiempo, rechaza «tajantemente» que haya concurrido «en práctica anticompetitiva alguna». «La prioridad para Monbus a la hora de postularse como licitadora de un concurso público es ofrecer el mejor servicio de transporte para los ciudadanos y al mismo tiempo presentar la oferta más competitiva para la Administración», argumenta.
«Bajo ese único criterio, y tras un análisis interno de rentabilidades y sinergias, en ocasiones establece Uniones Temporales de Empresas (UTEs) que, mediante la colaboración con otras empresas, permiten presentar una oferta más competitiva y eficiente a la Administración», concluye.
Finalmente, Monbus manifiesta su «total respeto» por la normativa que regula las licitaciones públicas e insiste en que «siempre ha concurrido a ellas en condiciones de libre competencia entre multitud de licitadores».