La Asociación Empresarial de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) presentará una reclamación de nulidad por la vía administrativa de los dos reales decretos que prorrogaron la concesión de la AP-9 a Audasa, uno aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1994 y otro por el de José María Aznar en el 2000.

Este sería el paso previo a recurrir ante el Tribunal Supremo (TS), tal y como ya anunció, por su parte, la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer). Sin embargo, Apetamcor considera que optar primero por la vía administrativa «podría ser más garantista».

Así lo han explicado en una rueda de prensa ofrecida este martes en Santiago la secretaria general de Apetamcor, Myriam Otero; su gerente, Natalia Blanco; y el abogado Xoan Antón Pérez Lema, que lleva este proceso a la asociación de transportistas.

El recurso de este colectivo, que cuenta con unos 1.500 socios y más de 8.000 camiones, busca lograr que sea el Gobierno central el que, por iniciativa propia, declare la nulidad de ambos decretos a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del ultimátum que Bruselas hizo a España al respecto de la prórroga hasta 2048, es decir, la que aprobó Aznar.

Pérez Lema argumenta, en la línea de la jurisprudencia europea, que las dos prórrogas de la concesión a Audasa a cambio de una serie de actuaciones en la infraestructura supusieron «modificar sustancialmente el régimen concesional» y el proceso se abrió «sin concurrencia competitiva», sin que otras empresas optasen a la licitación de esta concesión.

El jurista ha explicado que, pese a que esta prohibición legal fue incluida en directivas recientes, posteriores a los dos reales decretos de prórroga –1994 y 2000–, el TJUE dice que este precepto está en los tratados constituyentes ya no de la Unión Europea como se conoce hoy en día, sino de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y de la Comunidad Económica Europea (CEE), a la que España se ahdirió en 1986.

Pérez Lema ha añadido que, en caso de ampliaciones de la concesión por estos casos, «se puede presumir que va a haber más licitadores» aparte de Audasa. En este contexto, si no se hace un procedimiento abierto, «el TJUE considera que son nulas» estas prórrogas, tal y como ya resolvió en un asunto similar en Italia, en este caso en un servicio municipal de recogida de residuos.

«OBLIGACIÓN» DE «LIMPIAR» ACTOS NULOS

En base a todos estos argumentos, el abogado ha afirmado que la Administración General del Estado tiene la «obligación» de «limpiar los actos administrativos» que son nulos. Para ello, deberá seguir un procedimiento que pasaría por el Consejo de Estado.

Esto conllevaría, a su vez, una «rescisión de la concesión» que iría aparejada de una indemnización a Audasa, pero que en este caso no incluiría el lucro cesante, según Pérez Lema.

Esta es la principal diferencia con un proceso de ‘rescate’ de la AP-9 para lo público, en el que sí habría que abonar el lucro cesante a la empresa. La Xunta estima, en base a informes propios, que esto elevaría el coste por encima de los 2.300 millones, si bien el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a hablar de más de 4.000 millones.

APETAMCOR NO HABLA DE RESCATE

Pero hablar de rescate, según Apetamcor, significa dar validez a ambas prórrogas, por lo que sostiene que se debe reclamar la nulidad y que se debe hacer, primero, por la vía administrativa. Si se inadmite o se desestima, para lo cual hay un plazo de hasta seis meses, la asociación de transportistas iría «a por todas» en el Supremo.

«Es un paso firme bien fundamentado. (…) No es ningún gesto de cara a la galería. Es una acción legal, una estrategia basada en el derecho interno y en la jurisprudencia del TJUE», ha asegurado la gerente de Apetamcor.

En este contexto, recomienda a todos los profesionales del sector que guarden los comprobantes de los peajes de la AP-9 porque «podrían ser determiantes» tanto para este proceso como para una eventual reclamación futura de las cuantías «por responsabilidad patrimonial», bien desde agosto de 2013 –si se anulan ambas prórrogas– o bien desde agosto de 2023 –si se anula solo la de Aznar–. Apetamcor estima que cada camión gasta 50 euros al día en peajes por la autopista.

De hecho, Pérez Lema considera que también los usuarios particulares podrían solicitar la devolución de estos cobros.