La plataforma SOS Suído Seixo denuncia «conflicto de intereses» de la Xunta por la entrada de la sociedad público-privada Recursos de Galicia (RDG) como socia en el capital social del proyecto de Mina Doade, en Beariz (Ourense).

«Es muy preocupante esta nueva situación pero al mismo tiempo resulta ‘interesante’ desde el punto de vista jurídico porque crea un enorme conflicto de intereses. La Xunta tiene que evaluar su propio proyecto», resume esta plataforma contraria a la mina en un comunicado.

Pone de ejemplo que «resulta alarmante que el hasta hace poco director del proyecto Mina Doade, de la empresa minera Recursos Minerales de Galicia (grupo Samca), pueda estar hoy a cargo» de director de Minería de Recursos de Galicia.

Recuerda que «el derecho minero Alberta I intentó ser explotado hace cuatro años por la empresa Recursos Minerales de Galicia, filial del grupo empresarial Samca. La Xunta de Galicia denegó entonces la concesión de explotación ante el informe negativo de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por la más que probable afección a los cursos de agua de la zona».

Así, SOS Suído Seixo continuará con la recogida de alegaciones en contra del «continuo avasallamiento de la mano de empresas energética y mineras». El 10 de agosto tiene prevista una ruta reivindicativa circular en la zona del proyecto.

ALEGACIONES POR «IMPACTO» SOBRE EL AGUA Y ECOSISTEMAS

Por su parte, la Sociedade Galega de Historia Natural ha presentado alegaciones contra Mina Doade, el proyecto minero de extracción de litio en Beariz (Ourense), por su «impacto» sobre el agua y ecosistemas asociados.

Así, apunta que los cálculos de caudales de agua drenados por las instalación mineras subterráneas «se refieren siempre a los caudales medios de los arroyos y las captaciones existentes en la zona». Considera que estos cálculos «son muy insuficientes pues, como mínimo, sería preciso tener en cuenta la variabilidad interanual y estacional (especialmente durante el estiaje) de los caudales y los niveles freáticos, así como una estimación en base a la evolución prevista para la zona según los modelos de cambio climático». Apunta que ocurre lo mismo en la evaluación de los posibles efectos sobre los abastecimientos de agua de las poblaciones próximas.

Además, advierte de que en el proyecto «no se evalúan los posibles efectos del drenaje provocado por las instalaciones mineras (galerías, ramplas) sobre los hábitats prioritarios dependientes del nivel freático»: bosques aluviales de ‘Alnus glutinosa’ y ‘Fraxinus excelsior’ en el entorno del Rego de Porto de Anta, así como los arbustos húmedos atlánticos Erica ciliaris y Erica tetralix en la penillanura del aeródromo.

«En la documentación del proyecto se reconoce explícitamente que los modelos predicen una merma de un 26-30% en los caudales de una captación en la penillanura, justo en una zona con el hábitat prioritario 4020 (arbustos humedales atlánticos) directamente vinculado a la inundación del suelo y que se vería negativamente afectado (o destruido) por una bajada del nivel freático», alerta.

Agrega que «tampoco se evalúan los posibles efectos de las continuas voladuras sobre los manantiales circundantes, con potenciales efectos negativos sobre la biodiversidad asociada a ellos y sobre el abastecimiento de la población».

También considera «manifiestamente insuficiente» que en el estudio geoquímico de las colas de proceso «tan solo se emplease una muestra, que no es ni mínimamente representativa para extrapolar los resultados a los 9,5 millones de toneladas estériles contempladas en el proyecto».

Otro aspecto sobre el que llama la atención es que, de modo no generalizado pero «tampoco excepcional», las mediciones de radiactividad «revelan valores de los índices alfa, beta y gamma dignos de tener en cuenta en una evalución de riesgos para los trabajadores, tanto en las labores subterráneas de extracción como en las de procesamiento», así como para la poblacion circundante por las chemineas de ventilación y planta de procesamiento.

Paralelamente, la Sociedade Galega de Historial Natural cree que el estudio del impacto ambiente «parece subestimar los impactos» del aumento de tráfico pesado para insumos peligrosos y proceso productivo. Expone que 500.000 toneladas de producción al año se traducen en 46 camiones diarios de gran tonelaje.

Ante la posible existencia de hasta 7,5-8 millones de toneladas de recursos adicionales potencialmente explotables en el futuro, se reserva la posibilidad de una prórroga de la concesión para explotación. «Con la información facilitada por el promotor, no se puede descartar la posibilidad de que se trate de un caso de fragmentación artificial del proyecto para minimizar sus impactos y facilitar su aprobación», afirma.