El decreto que regula las entidades de certificación de conformidad municipal en Galicia –empresas que tramitan licencias urbanísticas a las que la Xunta otorga un papel relevante con el objetivo de simplificar y agilizar estos pasos– veta la externalización «íntegra» de las funciones administrativas afectadas.

En concreto, en lo referido a la colaboración con los ayuntamientos de este tipo de empresas, la norma de la Xunta, que publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG), establece que podrá recurrirse a ella en casos de «acumulación de tareas», «carencia de medios» u otra circunstancia extraordinaria».

«El recurso a las entidades de certificación de conformidad municipal no podrá suponer la externalización íntegra de las funciones administrativas afectadas», advierte el texto legal.

Y añade que «esta exigencia no se entenderá respetada por el simple hecho de que el ayuntamiento se limite a dictar la correspondiente resolución administrativa sobre la base exclusiva de las actuaciones practicadas» por la empresa.

En cualquier caso, la colaboración «podrá consistir en la entrega de datos o en la aportación de valoraciones técnicas o jurídicas», según recoge el decreto.

Cuando la colaboración aporte una valoración técnica o jurídica, «los servicios municipales verificarán la adecuación del proceso lógico de formación del criterio fijado por la entidad, y su ajuste a la legalidad».

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

En el apartado de prohibiciones e incompatibilidades, la Xunta subraya que estas entidades «no podrán tener relación directa ni implicación en la elaboración de proyectos técnicos de obras, memorias y documentación técnica de instalaciones».

Tampoco con la dirección ni ejecución de las obras que se desprendan de dichos proyectos, «necesarios e imprescindibles para la obtención de licencia o para la presentación de una comunicación previa o declaración responsable».

El decreto entrará en vigor dentro de 20 días naturales. Bajo el epígrafe de personal, avisa de que «en ningún caso» el de estas empresas tendrá vinculación jurídico-laboral con los ayuntamientos para los cuales realicen funciones de colaboración o con sus organismos públicos.

Entre los requisitos para inscribirse en el registro de este tipo de entidades, el decreto obliga a tener constituido como garantía patrimonial un seguro mínimo de responsabilidad civil de 2 millones de euros y determina el personal del que debe disponer.

MÁS OFERTA DE VIVIENDA

A principios del pasado mes de junio, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Ejecutivo autonómico remitiría al Consello Consultivo un decreto que permitirá que las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM) –compañías que ejercen ya un papel análogo al de una gestoría para la preparación del trámite– «puedan simplificar trámites urbanísticos» que agilicen la construcción de vivienda y, en consecuencia, aumenten la oferta.

Al comienzo del decreto, la Xunta destaca que «la experiencia acumulada durante estos años demostró que la intervención de las entidades de certificación de conformidad municipal permitió simplificar los procedimientos administrativos y optimizar el uso de los recursos públicos, muchas veces limitados, dotando, de este modo, a la administración de mecanismos de respuesta más inmediata y flexible, adaptables, en cada momento, a las necesidades de verificación, inspección y control».