El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa colaborará con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para realizar encuestas que midan los avances en materia de inclusión financiera.

Según ha indicado el ministro de Economía este miércoles en rueda de prensa, se encargará al CIS la inclusión de dos encuestas, mientras que el INE tendrá que realizar una nueva serie estadística.

Desde el mes de septiembre, se incluirán preguntas sobre inclusión financiera en el barómetro mensual con el objetivo de tener información sobre acceso a servicios financieros y su calidad. Asimismo, se prevé lanzar un módulo semestral con el CIS para tener una «mayor muestra» que sirvan como base de información para debatir y tomar decisiones en el marco de las reuniones que mantiene el Ministerio con las patronales bancarias y organizaciones de usuarios.

De su lado, el INE tendrá que realizar una estadística estructural con carácter anual para tener un desglose sobre inclusión financiera en todas sus vertientes: ámbito rural, personas mayores y con algún tipo de discapacidad. Esta estadística estará en funcionamiento en 2026 y se espera que los primeros resultados se lancen en 2027.

De cara al futuro, el ministro Cuerpo también ha indicado que esperan que en sus próximas reuniones sobre inclusión financiera con patronales y asociaciones de usuarios se añada la dimensión de la ciberseguridad y el fraude financiero. También se analizará la inclusión financiera en el ámbito urbano, cruzando datos de barrios en ciudades con acceso reducido a puntos financieros con variables sociodemográficas.

Respecto a la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, Cuerpo se ha comprometido a «darle un impulso adicional» al proceso de tramitación para intentar que esté aprobado el proyecto antes de final de año. El ministro ha subrayado que ya ha pasado el paso de la enmienda a la totalidad en el Congreso y que ahora se están discutiendo las enmiendas parciales en la Comisión de Economía del Congreso.

«La demanda social [por la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero] es tan elevada que no podemos hacer otra cosa que no sea responder a ella», ha defendido Cuerpo.

Posteriormente, también han intervenido en la rueda de prensa la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de CECA, Antonio Romero. Ambos han puesto en valor el «compromiso» del sector bancario con la inclusión financiera y los avances que se han dado en el marco de la colaboración público-privada.

En lo referente al Código de Buenas Prácticas hipotecario para clases medias, que vence a finales de 2025, Cuerpo se ha mostrado abierto a ampliarlo en caso de que se perciba como necesario. En todo caso, ha puesto en valor que la buena marcha de la economía ha provocado que el impacto de la subida de tipos de interés no haya tenido un «impacto significativo» en la situación financiera de las familias hipotecadas.

En esta línea, Kindelán y Romero han coincidido en que no ven necesario ampliar la duración del Código por el limitado uso que ha tenido y porque el contexto en el que se aprobó (con un entorno de tipos en alza de forma abrupta) es diferente a la situación actual.

Asimismo, la presidenta de la AEB ha resaltado la actuación de la banca durante el apagón. «La conclusión es que el sector ha mostrado capacidad de respuesta en un momento de extrema dificultad. No ha habido ninguna interrupción en los servicios bancarios y financieros», ha enfatizado Kindelán.

La asociación de usuarios financieros Asufin, que también ha participado en la reunión, ha pedido crear una mesa independiente para tratar el ciberfraude que no solo incluya a la banca sino también a las compañías de telecomunicaciones y a las plataformas tecnológicas.

«Necesitamos el compromiso en firme de toda la industria, la banca, así como las telecos y las grandes plataformas tecnológicas, para tratar el tema de la devolución del dinero robado por los ciberdelincuentes que, en estos momentos, lo asumen en su mayoría los consumidores», ha pedido la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

Asufin considera «urgente» que se tenga en cuenta que en la «mayoría de las ocasiones» el usuario se ve engañado por fraudes «sofisticados» que incluyen la suplantación de canales con los que se comunica con su banco, a través del móvil, por ejemplo. Por eso Asufin considera necesario que todos los actores estén presentes en este debate.