Ecologistas en Acción sostiene que la empresa impulsora de la mina de Touro (Cobre San Rafael) está en «quiebra» y debe disolverse, en base a un informe pericial encargado por la organización y entregado al juzgado. Por ello, ha pedido invalidar la declaración como Proxecto de Interese Estratéxico (PIE) realizada por la Xunta a la mina de Touro por «graves irregularidades».

Por su parte, Cobre San Rafael ha desmentido que la empresa esté en esta situación: «Las cifras reflejan la situación habitual de una empresa en fase previa a la explotación industrial», sostiene en un comunicado remitido a Europa Press. Sin los ingresos propios de la explotación, «la sociedad tiene pérdidas todos los años», defiende.

Aunque admite que las cuentas del 2024 finalizaron con un resultado negativo de más de 5,6 millones, asegura que la sociedad dispone de un préstamo participativo por parte de los socios por un importe de más de 21,5 millones.

Cobre San Rafael es una sociedad conformada por la empresa Explotaciones Gallegas, que aporta los derechos de explotación de la mina y tiene un 90% de las acciones, y Atalaya Mining, que –según la unión empresarial– aporta la «capacidad financiera y técnica» para su ejecución y es dueña del 10%, por el momento.

De esta forma, el comunicado traslada que este segundo socio «garantiza plenamente su solvencia financiera» y ejecutará su opción de compra sobre Cobre San Rafael una vez el proyecto obtenga la autorización para la reapertura. En este momento, pasará a ser este el socio mayoritario.

INFORME PERICIAL

El informe encargado por la organización ecologista sostiene que la situación de quiebra patrimonial se constata en las cuentas anuales presentadas por Cobre San Rafael en el Registro Mercantil de Compostela en los últimos ejercicios (2021, 2022, 2023 y 2024).

«[Estos] arrojan unos resultados de desequilibrio patrimonial, que pone a la sociedad mercantil en una situación financiera crítica, con pérdidas recurrentes, un patrimonio neto negativo y dependencia financiera de sus accionistas», esgrime el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

En los casos de 2021, 2022 y 2023, las deudas superan los activos. Esto vuelve a suceder en 2024, lo que para el informe pericial confirma la «situación de desequilibrio patrimonial». En el último año, el patrimonio neto es negativo (-5.625.921 euros) debido a pérdidas acumuladas (-14.917.654 euros).

Esto supone, según esgrime la asociación, el incumplimiento del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital ante la obligada disolución de la sociedad mercantil si las pérdidas reducen el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social.

Según el documento, el ‘Informe de solvencia económica y financiera’ de marzo de 2023 presentado por la empresa no acredita la solvencia de Explotaciones Gallegas –actual accionista mayoritario– y remite a otro informe elaborado seis años antes.

En este contexto, Ecologistas en Acción ha entregado el texto en el juzgado, en el que se dirime el contencioso presentado contra la declaración de Proyecto de Interés Estratégico (PIE) a la reapertura de la mina de Touro y O Pino. Por ello, solicita que se tengan en cuenta estas «graves irregularidades» y se invalide la declaración.

«Entendemos que si [la Xunta] no lo hace así estará incurriendo en un delito de prevaricación que llevaremos ante la justicia», ha valorado el portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López.

RESPUESTA DE COBRE SAN RAFAEL

Para la impulsora de la mina de Touro, las cifras citadas por Ecologistas en Acción «no revelan ninguna irregularidad contable ni legal, sino que reflejan la situación habitual de una empresa en fase previa a la explotación industrial». «No hay una situación de quiebra», ha asegurado el director financiero de Atalaya Mining, César Sánchez, en declaraciones a Europa Press.

Según su versión, Cobre San Rafael está impulsando la reapertura del proyecto industrial estratégico en cuestión y, por tanto, «la sociedad incurre en una serie de gastos antes de que se puedan empezar a generar ingresos». «Sin estos ingresos, la sociedad tiene pérdidas todos los años», ha defendido.

De esta forma, aunque las cuentas anuales reflejan un patrimonio negativo de más de 5,6 millones de euros, está indicado «con total transparencia» que la sociedad dispone de un préstamo participativo por parte de los socios por un importe de más de 21,5 millones.

«No existe duda alguna sobre el equilibrio patrimonial. El préstamo es una muestra clara del apoyo de los accionistas al proyecto y está garantizado el cumplimiento de los compromisos», ha añadido Sánchez.

Así, Cobre San Rafael acusa a Ecologistas en Acción de tener intención de «desinformar». Dado que las empresas mineras deben presentar un aval económico que cubra la restauración ambiental, la sociedad sostiene que, en caso de cese de actividad, la administración ha garantizado que los costes de rehabilitación estén cubiertos independientemente de su situación financiera.