La organización de Consumidores Europeos (BEUC, por sus siglas en francés) ha anunciado una denuncia ante la Comisión Europea y la red europea de consumidores contra siete aerolíneas, entre ellas Ryanair y las españolas Vueling y Volotea, por prácticas abusivas por el cobro del equipaje de mano, al tiempo que ha reclamado una investigación a escala de la UE de las prácticas del sector.

«Tomamos medidas contra siete aerolíneas que están explotando a los consumidores e ignorando al máximo tribunal de la UE, que dictaminó que cobrar un equipaje de mano de tamaño razonable es ilegal», ha dicho el director general de la BEUC, Agustín Reyna, en un comunicado para anunciar la acción de la organización, que representa a organizaciones de una docena de países, incluidas Asufin y la CECU.

Reyna ha pedido, además, que se aproveche la revisión del reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos que está en marcha en el seno de la UE para aclarar «qué servicios deben incluirse en el precio básico del billete», habida cuenta de que los viajeros dan por hecho, dice la organización de consumidores, que con la tarifa básica puedan embarcar con un bulto pequeño y una pieza de equipaje de mano.

La acción anunciada este miércoles por la BEUC está respaldada también por un total de 16 organizaciones miembro de 12 países y supone una denuncia ante la Comisión Europea y ante la Red de Autoridades de Protección al Consumidor (CPC) contra Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair.

En una sentencia de 2014, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que las compañías no deberían cobrar un suplemento por equipaje de mano, siempre que este cumpla «requisitos razonables en términos de peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables».

En noviembre del pasado año, el Gobierno español multó con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano, una medida que las compañías denunciaron ante la Comisión Europea y que esta está examinando desde enero tras pedir información detallada a España. Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press indican que el Gobierno ya remitió la documentación, que los servicios de la Comisión están aún evaluando.