ACS y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera resolvieron de mutuo acuerdo su relación laboral hace un mes, según informaron a Europa Press en fuentes próximas a la compañía, apenas un mes después de su nombramiento.

Este martes, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ ha citado como investigada a la también exsecretaria de Estado de Transportes el próximo 29 de mayo a las 10.00 horas para que dé explicaciones sobre «la contratación aparentemente irregular» de Jésica Rodríguez –ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos– en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, apuntando a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.

El pasado mes de marzo, ACS contrató a Pardo de Vera como asesora en digitalización, pero en abril las dos partes acordaron resolver ese acuerdo, por lo que su presencia en la multinacional de Florentino Pérez apenas se materializó.

Pardo de Vera fue secretaria de Estado de la ministra socialista Raquel Sánchez entre 2021 y 2023, año en el que cesó de su cargo por la polémica de los trenes que se diseñaron para Cantabria pero que, en caso de haberse construido, no hubiesen cabido por los túneles.

Esta depuración de responsabilidades, que también motivó la salida del presidente de Renfe por ese entonces, Isaías Táboas, también estaba vinculada al cargo anterior de Pardo de Vera en la presidencia de Adif desde 2018, cuando era ministro José Luis Ábalos.

PRESENCIA EN EL SECTOR PRIVADO

Desde su salida de la política, Pardo de Vera ha protagonizado varios movimientos en el sector privado, primero en Asval, una organización que protege los derechos de los propietarios (incluidas empresas) de pisos en alquiler, y después en la compañía Revenga Ingenieros.

En diciembre de 2023, unos meses después de cesar como secretaria de Estado, paralizó su nombramiento como presidenta de Asval, antes de que el Gobierno se pronunciara sobre si permitía o no su acceso a ese puesto, ya que hay un periodo de dos años de incompatibilidad tras dejar un cargo público y requiere el permiso del Gobierno.

Como secretaria de Estado, Pardo de Vera tenía competencias en Vivienda, ya que en ese momento el Ministerio era de Transportes y Movilidad, pero también de Agenda Urbana, competencias estas últimas que en esta nueva legislatura han pasado a otro Ministerio. Por ello, varios sindicatos de inquilinos criticaron ese nombramiento como un conflicto de interés.

Posteriormente, en julio de 2023 entró en el consejo de administración de Revenga, pero tuvo que esperar un año para oficializar ese nombramiento, una vez recibió la correspondiente carta de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Interés, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Sin embargo, el pasado mes de enero, Pardo de Vera abandonó esta empresa aludiendo «motivos personales que le impiden desarrollar dichos cargos» y acordó su nueva relación laboral con ACS.

En esa ocasión, Pardo de Vera ya no necesitó el permiso del Gobierno, al haber transcurrido justo más de dos años desde que dejó el Ministerio, en febrero de 2023, a pesar de que ACS, como contratista, ha firmado contratos con Adif, empresa pública que Pardo de Vera presidió entre 2018 y 2021.

Según el portal de transparencia del Gobierno, Pardo de Vera recibió 80.393 euros de marzo de 2023 a enero de 2024 en concepto de «indemnizaciones tras cese», a razón de 7.333 euros mensuales. Como secretaria de Estado cobraba 123.000 euros.

ENTRÓ EN ADIF EN 2007

Pardo de Vera terminó sus estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña en 2001.

Entre los años 2002 y 2007 trabajó en Sondeos, Estructuras y Geotecnia y en la pública Ineco. Ingresó en Adif en el año 2007 y completó los programas académicos ‘Executive MBA-Ciclo Operativo’ del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) en 2007 y ‘Nuevos gestores Adif’ de Esade Business School en 2009.

En 2015 fue nombrada directora de Movilidad e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra, y en 2016 se reincorporó a Adif como directora general y desde 2018 como presidenta, hasta 2021, cuando fue nombrada secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, hasta 2023.