El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha reprendido a la Xunta porque, a su modo de ver, «no resulta comprensible culpar al Instituto de Crédito Oficial (ICO)» del cambio de condiciones al que se han visto expuestos los cooperativistas de Xuxán. Según la versión del Gobierno central, es la gestora Galivivienda, a la que el Ejecutivo gallego adjudicó esta promoción a través de un concurso público, la que ha modificado los requisitos.

En una carta enviada este miércoles a la Consellería de Vivenda, a la que Europa Press ha tenido acceso, el Gobierno responde a los dos escritos enviados previamente por la responsable autonómica, María Martínez Allegue. El último de ellos fue remitido el martes, tras una reunión con los propios cooperativistas, y pedía de nuevo una «reunión urgente», a la que el Ministerio no pone fecha en su respuesta.

En la carta –firmada por la directora del gabinete de la ministra, Laura Sánchez–, el Ejecutivo central muestra una reacción de sorpresa al no ver convocados, en este último escrito de la Xunta, a los afectados por esta problemática, es decir, los cooperativistas de Xuxán.

«Tengo que reconocer que me sorprende que en su última carta descarte contar con la presencia de los afectados en una eventual reunión con este Ministerio, el Instituto de Crédito Oficial y la gestora, puestos que esos ciudadanos son los principales perjudicados de las actuales discrepancias existentes», reza la carta del Gobierno central, que asegura que tuvo una reunión el 9 de mayo con los perjudicados y ha establecido con ellos «un cauce de comunicación permanente».

Si bien esta exclusión no se formula de manera explícita en el escrito autonómico, Europa Press ha verificado que este pide que la reunión sea entre representantes del Ministerio, del ICO, de la Xunta y de Galivivienda.

PRÉSTAMOS DEL ICO

La directora del gabinete ministerial recoge en su escrito que la finalidad de los préstamos y avales del ICO es «incrementar el parque de vivienda en alquiler asequible». Por ello, «en contra de lo que sostiene la Xunta», asegura que «el acceso a la financiación en ningún caso es causante de las condiciones que la gestora pretende imponer a los cooperativistas».

Así, defiende que, tal es la «confianza» por parte del sector privado en esta línea de ayudas, que desde su puesta en marcha en julio de 2024 se han aprobado un total de 114 operaciones por un valor de 2.300 millones de euros, que se traducirán en 18.200 viviendas en alquiler social o asequible.

«En este marco, no resulta comprensible culpar al ICO de dicha situación. Una realidad, como le constará, que los cooperativistas han explicado desde el primer instante e incluso el propio gerente de la cooperativa ha reconocido también en los medios de comunicación», prosigue el escrito.

Esto entra en contradicción con lo que sostiene la propia Consellería, que insiste en que lo que sube no es el alquiler, sino que el incremento al que se ven expuestos los cooperativistas está atado a las garantías del préstamo y, por tanto, se trata de un pago al margen del propio alquiler.

«ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN»

El Ministerio esgrime que Galicia ha recibido 59 millones de euros para construir 1.208 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible, entre ellas, las previstas en las promociones de Xuxán, que cuentan con una ayuda directa de 10 millones de euros y cuyas condiciones se recogen en el correspondiente acuerdo firmado 19 de diciembre de 2023.

«Dicho acuerdo contempla los precios máximos en el alquiler (340 euro/mes por una vivienda de 70 m2 de superficie útil) y establece la obligación de que las obras estén finalizadas antes del 30 de junio de 2026», destaca la carta.

En consecuencia, el Gobierno central cree que «la mejor manera de preservar los intereses de los afectados es repetar los términos de ese acuerdo» y confía «en que la Xunta cumpla sus compromisos», al tiempo que pide velar por que «la gestora cumpla con las condiciones de la correspondiente licitación».

En esta línea, la directora del gabinete ministerial subraya que la prioridad es «encontrar una solución para que estas personas tengan derecho a un vivienda digna y asequible». «Y con ese objetivo vamos a seguir trabajando», finaliza.