El Ministerio de Hacienda ha lanzado este miércoles a consulta pública previa la propuesta para que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, en la que Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico.

El Departamento que dirige María Jesús Montero ha abierto este miércoles en su página web la consulta del anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común.

En un plazo de 15 días, entre el 15 y el 30 de mayo, estará abierta la presentación de observaciones y comentarios en torno a esta propuesta que el Ministerio de Hacienda trasladó a las comunidades autónomas el pasado mes de febrero.

En el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero de 2025 se aprobó el acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común, con el aval del Estado, Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña.

Los consejeros de las comunidades autónomas del PP decidieron abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal pocos minutos después de empezar, alegando que la propuesta de Hacienda partía de un acuerdo bilateral con una formación independentista (ERC).

Aun así, el voto de las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se registró como ‘abstención’, algo que el Gobierno central interpretó como una puerta abierta a que las regiones ‘populares’ finalmente acaben acogiendo este perdón del déficit autonómico.

De hecho, Hacienda, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha ido manteniendo reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas. No obstante, la decisión de acogerse o no a la quita de deuda la tienen que comunicar las comunidades autónomas cuando la ley esté aprobada, según han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio.

NO DESCARTA CAMBIOS EN CONGRESO, CON EL FOCO EN LA CONDICIONALIDAD

María Jesús Montero ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica, para lo que el Gobierno necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, por lo que tendrá que atraer a sus socios parlamentarios, que ya han ido planteando sus exigencias.

La ministra Montero no descarta que, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se puedan incorporar algunos elementos que otros grupos pidan. «Eso será elemento que podrán plantear o no algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados», señaló la titular de Hacienda tras el Consejo de Política Fiscal.

En este sentido, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, que se mostró favorable a la propuesta de condonación de deuda de comunidades autónomas de régimen común, aconsejó que haya condicionalidad en esa quita.

Este planteamiento sobre la condicionalidad ha sido una reivindicación de algún grupo parlamentario, a la vez que han hecho otras peticiones como revisar los mecanismos para la distribución de la condonación de la deuda.

BUSCA «REFORZAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LAS COMUNIDADES»

En cualquier caso, Hacienda esgrime en el documento sacado a consulta que, a través de esta medida se pretende aliviar el sobrendeudamiento experimentado por las comunidades autónomas de régimen común con ocasión de la Gran Recesión, que provocó que acumularan en el periodo 2010-2013 un importante volumen de deuda pública, tanto en los mercados como en los distintos mecanismos extraordinarios de liquidez que se articularon desde 2012, como respuesta a la dificultad que tenían las regiones para poder financiarse a través de los mercados.

Además, el Ministerio ha apuntado que, mediante la asunción de parte del endeudamiento autonómico por el Estado, las comunidades autónomas de régimen común reducirán el gasto por intereses y les facilitará la vuelta gradual a los mercados para obtener financiación, lo cual reforzará su autonomía financiera y, en definitiva, su sostenibilidad financiera, «avanzando así en la adaptación al nuevo marco de reglas fiscales aprobado por la Unión Europea».

También defiende el Ministerio que la vuelta a los mercados también persigue reforzar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas que no se enfrentan actualmente a la disciplina que exige el mercado con el control de las finanzas públicas.

«El acceso a mercado introduce un incentivo para mantener sus finanzas públicas saneadas, de manera que el tipo de interés al que se financien en mercado sea el menor posible», remarca el Departamento de María Jesús Montero.

REPARTO POR CCAA

Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

MADRID RECURRE ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

La Comunidad de Madrid ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la condonación de la deuda a Cataluña por ser «contraria al principio de igualdad».

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este acuerdo no es válido porque «es un peaje intolerable a los partidos independentistas sin contar con las comunidades autónomas».