Asociaciones de discapacidad –como Down España, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) o la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)– han reivindicado la importancia de eliminar las «barreras» que impiden a este colectivo el acceso al empleo ordinario, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra este 1 de mayo.

Así, el asesor de empleo de Down España, Pedro Martínez, alerta de la «grave situación de exclusión laboral y social de este colectivo», por lo que la organización reclama eliminar las «barreras» que le impiden el acceso al empleo ordinario.

A su juicio, se trata de una «realidad persistente y alarmante» y argumenta que el 95% de las personas con síndrome de Down que viven en países de la Unión Europea no trabajan, según un estudio de la Asociación Europea del Síndrome de Down (EDSA).

En España, «solo el 22% de las personas con síndrome de Down tienen un trabajo y, de ellas, solamente el 10% desarrolla su actividad laboral en el mercado ordinario lo que significa que cerca del 12% de las personas con síndrome de Down trabaja en alguna modalidad de empleo protegido», añade Martínez, quien considera que se debe a «un modelo basado en la política de la sobreprotección en el que los apoyos y los recursos se han concentrado en el empleo protegido».

Para el asesor, la «filosofía» detrás de la primera Ley para la Integración Social de 1982 era «muy positiva, pero los resultados no fueron los esperados porque los centros especiales de empleo debían ser una opción minoritaria y no la mayoritaria, como sucede actualmente». «Nos encontramos, por tanto, ante una realidad contraproducente que produce dependencia y una distorsión en el mercado laboral de las personas con síndrome de Down», señala el experto.

En este sentido, consdiera que «la realidad laboral de las personas con síndrome de Down resulta preocupante debido a la falta de oportunidades y los prejuicios a los que tienen que enfrentarse para acceder al mercado laboral». «Estos obstáculos deben eliminarse para construir un mercado laboral más inclusivo y una sociedad más justa que garantice empleos de calidad con condiciones laborales dignas que fomenten la vida independiente», subraya.

La organización exige el aumento de las oportunidades laborales en empresas ordinarias para personas con síndrome de Down, el compromiso empresarial con la inclusión laboral, la revisión y mejora de la normativa vigente para impulsar el modelo de Empleo con Apoyo (acompañamiento profesional que facilita la inserción laboral) y el desarrollo de acciones específicas de inserción laboral por parte de las administraciones públicas.

ELIMINAR CUALQUIER TIPO DE DISTINCIÓN ENTRE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Por su parte, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha reivindicado el derecho al empleo de las personas con discapacidad y ha denunciado «el grave riesgo» que supone el actual Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social para miles de trabajadores con discapacidad.

«No se puede hablar de inclusión si se excluye de la ley a quienes más empleo generan para las personas con discapacidad», ha señalado el presidente del CEDDD, Albert Campabadal, quien ha añadido que «una amplísima mayoría social apoya a los Centros Especiales de Empleo y no entiende que se pretenda dejarlos fuera por intereses ajenos a la discapacidad».

Por ello, desde el CEDDD, junto con sus organizaciones integradas –la Unión Sindical Obrera (USO), el Sindicato Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE) y la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)– se rechaza el contenido actual del proyecto de ley, fechado a 14 de marzo de 2025, que excluye de la Economía Social a los Centros Especiales de Empleo (CEEs) de iniciativa empresarial, manteniendo al resto de entidades como cooperativas, cofradías o CEEs de iniciativa social.

Como alertan, esta exclusión supondría la salida de 1.694 CEEs del marco legal de la Economía Social y la pérdida de empleo para 64.274 trabajadores con discapacidad, lo que equivale al 58% de las personas con discapacidad empleadas en este modelo de empleo protegido. De los dos millones de personas con discapacidad en edad laboral en España, trabajan cerca de 500.000 y, de ellas, 111.551 lo hacen en CEEs. En el caso de personas con discapacidad de especial dificultad, solo una de cada diez accede al empleo, y en su mayoría lo hacen a través de estos centros, añade el CEDDD.

Por todo ello, el CEDDD exige que se elimine cualquier tipo de distinción entre Centros Especiales de Empleo en la futura ley y que se respete su valor como agentes esenciales de inclusión social y laboral. «Defendemos el derecho a trabajar de todas las personas con discapacidad, sin distinciones ni exclusiones injustificadas», concluye el presidente de CEDDD.

«BRECHA LABORAL INALTERABLE»

Desde COCEMFE también han alertado de que, a pesar del descenso de la tasa de paro a nivel general, la brecha laboral entre la población con y sin discapacidad «sigue prácticamente inalterable». «Nuestra tasa de paro ha bajado del 20% pero sigue manteniendo una diferencia con respecto a la población sin discapacidad de ocho puntos porcentuales, una brecha que apenas se ha reducido un 0,7% en una década», ha denunciado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Por ello, ha lamentado que el empleo «no es aún un derecho real para muchas personas con discapacidad física y orgánica y garantizarlo requiere medidas estructurales y compromisos firmes del conjunto del sistema».

Además, el 46,6% de las contrataciones a personas con discapacidad física y orgánica realizadas en 2024 son contratos temporales, según datos recabados por COCEMFE, un porcentaje duplica prácticamente al 24,7% de la temporalidad de las personas sin discapacidad.

COCEMFE también destaca la situación de las mujeres con discapacidad, que presentan tasas más altas de paro, menor calidad en los contratos, al predominar más las jornadas parciales y la temporalidad, y una afiliación a la Seguridad Social un 17% inferior respecto a los hombres con discapacidad.

Con motivo de este 1 de mayo, la Confederación plantea un paquete de medidas urgentes para garantizar el derecho al trabajo decente de las personas con discapacidad, como la aprobación de una Ley de Inclusión Laboral que refuerce las políticas activas de empleo y fije objetivos medibles y el impulso a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), como ejemplo de economía inclusiva y sostenible.

Asimismo, ven necesario garantizar la accesibilidad universal en entornos laborales, aplicar de manera efectiva los ajustes razonables, contando con sistemas de información y control, regular las prácticas no laborales fuera de la educación reglada para facilitar la transición al empleo real, establecer políticas activas específicas para mujeres con discapacidad, incluyendo cuotas, conciliación con apoyos y planes de igualdad, y, por último, medidas contra la pobreza laboral, que afecta al 20% de las personas trabajadoras con discapacidad.

En concreto, COCEMFE y su Movimiento Asociativo recuerdan que cuentan con una red de 75 Servicios de Empleo que atiende a más de 23.000 personas y 6.000 empresas al año. En 2024, esta red ha gestionado 8.600 ofertas y facilitado 5.033 contrataciones y, actualmente, más de 65.000 personas están inscritas en sus bolsas de empleo.

«Nuestro modelo demuestra que la inclusión laboral es posible cuando hay acompañamiento, apoyos y colaboración público-social-empresaria. El empleo es un derecho y desde COCEMFE seguiremos trabajando para que se garantice para todas las personas», concluye Queiruga.