El Banco de España ha planeado realizar en 2025 actuaciones de supervisión «más intrusivas» en las entidades que son directamente vigiladas por el organismo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requerimientos y de las recomendaciones.
Así se contempla en el informe de supervisión de 2024 que ha publicado este martes la institución y que viene a recoger la labor que ha realizado en el pasado ejercicio y las prioridades supervisoras para 2025.
El Banco de España se encarga de vigilar directamente a las entidades menos significativas (LSI, por sus siglas en inglés), es decir, aquellas de pequeño y mediano tamaño, mientras que ayuda al Banco Central Europeo (BCE) en la supervisión de las entidades significativas (SI, por sus siglas en inglés), que son las de mayor tamaño.
Para las entidades menos significativas, las prioridades de 2025 se basan tanto en las que aplica Europa para los grandes bancos –relacionados con los riesgos geopolíticos, de sostenbilidad y tecnológicos–, como en otras áreas donde el Banco de España cree necesario incidir debido a sus «riesgos idiosincráticos».
Algunas de las prioridades específicas para las LSI son la vigilancia sobre deficiencia en la concesión de crédito, seguimiento, clasificación contable y política de coberturas, así como la revisión de carteras que pueden ser vulnerables, en particular en relación con el potencial impacto de la DANA ocurrida en octubre de 2024 sobre determinadas entidades.
El Banco de España también va a continuar en 2025 vigilando los planes de acción que se han solicitado a estas entidades para corregir deficiencias identificadas en revisiones horizontales anteriores y de la adecuación a la normativa DORA, mientras que en materia de gobernanza el foco va a estar en la suficiencia de recursos, acceso al consejo y valoración de su composición, entre otras cuestiones.
En el área de la transición sostenible, el supervisor va a ampliar a otras entidades el alcance de la revisión ‘in situ’ iniciada en 2024 sobre el cumplimiento de las expectativas sobre el riesgo climático, al tiempo que va a seguir analizando la capacidad de generación interna de capital de los bancos en un entorno de caídas de tipos de interés tras el aumento de costes por la inflación y monitorizando la digitalización.
DEBILIDADES EN LA GOBERNANZA
Por otro lado, el Banco de España recoge un descenso «ligero» del número de decisiones y actuaciones del BCE dirigidas específicamente a entidades españolas en 2024 frente a 2023, aunque señala que se ha producido un aumento «notable» en las relativas a gobernanza, principalmente por procesos de evaluación de idoneidad.
Sobre estas cuestiones de gobierno, y con respecto a las entidades significativas, el Banco de España señala que en 2024 se puso énfasis en incrementar la transparencia del mercado de remuneraciones de los órganos de administración, los directivos clave y el resto de empleados de los colectivos identificados.
Además, se pidió reforzar la diversidad de la composición del consejo de administración, que existan planes «adecuados» de renovación y sucesión de los consejeros, y se reiteró la importancia de asegurar que la función de control de riesgos disponga de un peso en la organización y un grado de independencia «acordes» con la complejidad de la actividad bancaria realizada.
Finalmente, se efectuaron recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento de la auditoría interna y del cumplimiento normativo.
En cuanto a las debilidades en los consejos de administración en las entidades menos significativas, el supervisor señala en su informe que hay una «falta de equilibrio» de género, una «elevada permanencia» o edad media de los miembros, así como una «insuficiente calidad de las actas», entre otras.
RIESGO CREDITICIO Y OPERACIONAL
Por otro lado, el Banco de España explica que, gracias a la eficacia supervisora y el esfuerzo de la industria, los grandes bancos no presentan «altos niveles» de activos dusosos, a diferencia de años anteriores.
Sin embargo, el supervisor señala que en algunos sectores residuales las exposiciones dudosas continuaban siendo «elevadas», por lo que se requirió o recomendó a las entidades afectadas la introducción de una estrategia de reducción de estas.
Además, en dos casos y en aplicación de la Guía sobre préstamos dudosos del BCE –de marzo de 2017, se incluyó un requerimiento de capital adicional específico (‘add-on’ supervisor del Pilar 2) por la diferencia entre la expectativa supervisora de cobertura de exposiciones dudosas y las provisiones contables registradas.
Asimismo, se instó a tres entidades significativas a reforzar el sistema de provisiones para cubrir, anticipada y suficientemente, las contingencias legales por la conducta de mercado, con especial atención a los gastos hipotecarios.