Sargadelos ha planteado a trabajadores de la planta de Cervo (Lugo) firmar vacaciones voluntarias durante la semana que viene o volver a la factoría bajo su responsabilidad, según ha informado a Europa Press la alcaldesa, Dolores García.

La regidora ha vuelto a reunirse este viernes con el empresario dueño de la fábrica, Segismundo García, y con trabajadores afectados por la paralización de la producción a raíz del desafío que el propietario mantiene a la Inspección de Trabajo.

Son estos últimos, los empleados, los que le han trasladado a la primera edil que la compañía les está proponiendo firmar que la semana que viene disfrutarán de periodo vacacional de forma voluntaria o entrar bajo su responsabilidad en las instalaciones.

Unas instalaciones en las que la Inspección de Trabajo ha requerido adoptar medidas para incrementar la seguridad laboral una vez que detectó que dos empleadas han desarrollado silicosis.

El jefe de Sargadelos reaccionó a esta petición con cartas en las que anunciaba el cierre. Desde este jueves, la producción está parada y trabajadores han pasado dos jornadas a las puertas de la factoría durante las horas de su turno. No consta que se les haya dado de baja en la Seguridad Social ni se haya iniciado ningún expediente de regulación de empleo.

En este escenario, este viernes, en otra misiva, Segismundo García notificó a Trabajo su intención de declarar «periodo vacacional» la semana que viene, si bien los sindicatos han advertido de que para eso es preciso el aviso con dos meses de antelación, por lo que creen que se tratará de un permiso retribuido.

«MÁS TIEMPO»

Por su parte, según informa la alcaldesa, la empresa ha llamado a los trabajadores para plantearles que firmen la voluntariedad de esta medida. «Lo están valorando», ha señalado Dolores García.

Entiende que el empresario pretende con ello «tener más tiempo para buscar una solución» con la Inspección de Trabajo, y remite a las «conversaciones» que, según asegura, sigue teniendo este viernes con la Xunta –este jueves fue el propio conselleiro de Emprego, José González, quien habló con Segismundo García–.

La alcaldesa ha vuelto a pedir tranquilidad y espera que «esto se arregle lo antes posible», al tiempo que apunta que es preciso «respetar la legalidad» en materia de salud laboral, pero añade que el edificio está declarado como bien de interés cultural (BIC), con las consecuencias que ello conlleva para efectuar modificaciones. Los requerimientos de la Inspección de Trabajo, señala, «afectan a la fábrica y a su funcionamiento».