El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea de reducir las obligaciones ambientales que exigen a las empresas informar del impacto de su actividad en el medio ambiente para aliviarlas de carga burocrática, abaratar costes e impulsar su competitividad frente a competidores como China o Estados Unidos.

Este paquete, que Bruselas ha bautizado como ‘Ómnibus’, afecta a varios marcos regulatorios europeos relacionados con las obligaciones de las empresas de dar parte del impacto de su actividad, algunos de los cuales prevén multas y sanciones para las compañías que socaven los derechos humanos y el medio ambiente.

Los eurodiputados han apoyado así, con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, posponer las fechas de aplicación de las nuevas leyes de la UE sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad.

Este retraso en la aplicación de la normativa dará a los Estados miembro un año más, hasta el 26 de julio de 2027, para transponer las normas a su legislación nacional.

La prórroga también se aplicará a la primera ola de empresas afectadas –aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones–, y las empresas de fuera de la UE con una facturación superior a este umbral, que sólo tendrán que aplicar las normas a partir de 2028.

También se retrasará dos años la obligación de realizar informes de sostenibilidad para la segunda y tercera ronda de empresas cubiertas por la legislación.

De este modo, las grandes empresas con más de 250 empleados estarán obligadas a informar sobre sus medidas sociales y ambientales por primera vez en 2028 –correspondientes al ejercicio anterior– mientras que las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa deberán proporcionar esta información un año después.