La Comisión Europea reforzará el sistema de contingentes y cuotas que aplica al acero a partir del 1 de abril con el objetivo de reducir hasta en un 15% las importaciones al mercado común, en una de las primeras medidas del plan de acción para la siderurgia que presenta Bruselas para hacer frente a las vulnerabilidades del sector, lastrado por los nuevos aranceles de hasta el 25% anunciados por Estados Unidos y la competencia desleal de rivales como China.

«Debemos proteger a nuestras acerías frente a la competencia desleal extranjera, venga de donde venga», ha avisado el vicepresidente comunitario para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, el liberal francés Stéphane Séjourné, en una rueda de prensa en Bruselas en la que ha defendido que Europa debe ser «un jugador y no simplemente el terreno de juego» para empresas y productores de países terceros.

Así, la primera medida «inmediata» será «reforzar a partir del 1 de abril» la llamada cláusula de salvaguarda que ya prevé contingentes arancelarios por los que se grava el acero que entra en la Unión Europea por encima de las cuotas establecidas, según ha explicado Séjourné. Este ajuste tendrá especialmente en cuenta las categorías en donde la «presión es más aguda», precisan los servicios comunitarios, por combinar un significativo aumento de las importaciones y una caída de la demanda.

Entretanto, también se pone en marcha una revisión a medio plazo porque esta cláusula dejará de estar en vigor en junio de 2026, pero Bruselas avisa ya de que «no es razonable asumir» que los problemas estructurales de exceso de capacidad global y su impacto negativo en el mercado se hayan corregido.

En su propuesta, de hecho, el Ejecutivo comunitario avisa de que las medidas que están adoptando países terceros para limitar las importaciones a sus propios mercados, como los aranceles de Trump a todo el acero y aluminio extranjero, convertirán el mercado europeo en el principal receptor de esa sobreproducción.

Séjourné ha marcado «el tercer trimestre» de este año como plazo para presentar la reforma necesaria para que una nueva medida de salvaguarda permanente reemplace la cláusula en vigor antes de que ésta deje de tener validez. La propuesta tendrá en cuenta los cambios en la demanda europea y otros parámetros como la seguridad, aunque los servicios comunitarios aseguran que se preservará el «aperturismo» del mercado de la UE.