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AIReF constata una ralentización de licitaciones y subvenciones del Plan de Recuperación en Gobierno y CCAA

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que el ritmo de formalización de licitaciones y concesión de subvenciones del Plan de Recuperación se ha ralentizado respecto a 2023 en la Administración Central y las comunidades autónomas, mientras que los ayuntamientos han elevado el despliegue y el Sector Público Institucional (SPI) lo ha mantenido.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha actualizado este martes su Observatorio sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con datos correspondientes al 2024.

Según el Observatorio de la AIReF, hasta diciembre de 2024, se han formalizado contratos y concedido subvenciones por valor de 43.553 millones de euros de los 79.854 millones asignados a España (incluyendo la adenda) en más de un millón de operaciones.

El Sector Público Institucional Estatal es el que más contratos ha formalizado y concedido subvenciones, por valor de 17.509 millones de euros. Le siguen las comunidades autónomas, con 11.687 millones, la Administración General del Estado (10.690 millones) y las corporaciones locales (3.666 millones).

En el ‘top 5’ de órganos convocantes destaca Adif, con 6.759 millones, el Ministerio para la Transformación Digital (2.369 millones), Red.es (2.337 millones), IDAE (2.140 millones) y la Comunidad de Madrid (1.857 millones).

Por su parte, el número de adjudicatarios o beneficiarios únicos asciende a 922.729, puesto que un mismo beneficiario puede percibir más de una subvención o licitación.

La herramienta de la AIReF, que incorpora ya más de un millón de registros, ofrece un elevado nivel de granularidad, con información detallada del destino de los fondos por componentes y líneas de inversión, así como fichas individualizadas para las administraciones territoriales.

La herramienta de visualización de datos de la AIReF capta los importes que están llegando a la economía real a través de la explotación de la información pública existente en las bases de datos de licitaciones y subvenciones de las administraciones públicas.

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