La Confederación Intersindical Galega (CIG) y el sindicato vasco ELA han reclamado al futuro Gobierno en el Estado una «verdadera» agenda social, reconocer el ejercicio del derecho de autodeterminación y la libertad de los políticos catalanes encarcelados.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el de la CIG, Paulo Carril, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en la sede del sindicato vasco en Bilbao con motivo del encuentro mantenido por ambas organizaciones, tras una visita previa de ELA a Galicia y en el marco de la relación «histórica» que mantienen ambos sindicatos.

En su comparecencia, han realizado un diagnóstico sobre la coyuntura laboral, social y política en sus respectivas «naciones sin Estado» y ante la próxima conformación del Gobierno en el Estado que ven con «preocupación y escepticismo».

El secretario general de ELA ha manifestado que, tanto en Euskadi como en Galicia, se asiste a un «grave deterioro» de las condiciona Laborales y a una profundización del neoliberalismo que «hace la vida más insostenible cada vez» y que es «compartido por los gobiernos autonómicos». «Nos preocupa la crisis que se anuncia y la inacción política ante toda esta deriva», ha añadido.

Por ello, consideran necesario un cambio de las políticas y rechazan el diálogo social porque creen que el sindicalismo tiene «su sitio en la calle y en la organización de los trabajadores».

Asimismo, Lakuntza ha señalado que ambas organizaciones comparten la preocupación por la «crisis del Estado español» y la situación en Cataluña y por el hecho de que una «mayoría política parece proponer tan solo políticas represivas y antidemocráticas». «Tanto o más grave que el auge de la extrema derecha nos parece preocupante el deslizamiento hacia el autoritarismo de todo el arco político», han apuntado ambos sindicatos.

Ante este situación, ambos sindicatos han realizado diversos planteamientos dirigidos al futuro Gobierno español, entre ellos, abordar una «verdadera» agenda social que pase por revertir las reformas de pensiones y las reformas laborales y abordar políticas que garanticen la igualdad de género, los servicios públicos, o la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. «Más allá de retórica, queremos ver hechos más que palabras», ha agregado.

Por otra parte, han defendido el derecho a negociar las condiciones de trabajo «en sus respectivos países» y, para ello, han reclamando al nuevo Gobierno que derogue las reformas de la negociación colectiva que han derivado en una «estatalización» de las relaciones laborales.

Asimismo, han reclamado una agenda «democratizadora amplia» que conlleve la derogación de la denominada ‘ley Mordaza’ y del artículo 315,3 del Código Penal que «criminaliza el movimiento social y sindical, la huelga, la protesta y la reivindicación».

Además, han demandado la primacía de la política para resolver los «conflictos nacionales como el que enfrenta a Cataluña y el Estado», lo que, a juicio de ambas centrales, supone acabar con la judicialización de la política, «poner en libertad a los presos políticos catalanes» y reconocer el derecho de autodeterminación.

El dirigente del sindicato gallego ha añadido que la necesidad de avanzar en la realidad plurinacional del Estado exige poner en libertad a los políticos catalanes encarcelados y que se reconozca el derecho de autodeterminación, que es un «derecho fundamental» para que cada «pueblo pueda decidir su futuro». «Ya estamos hartos de la represión sindical, social y política», ha indicado Carril.

A juicio de ambos sindicatos, solo a través de esta agenda «ambiciosa y audaz», se podrá poner freno «al auge del neofascismo», que es «una de las mayores amenazas para el conjunto de la población y de los derechos».

El secretario general de CIG, Pablo Carril, ha asegurado que «no vale con darse golpes en el pecho por el aumento del fascismo o de la ultraderecha» cuando «está instalado en las instituciones o se crea el caldo de cultivo en la sociedad para que así sea».

Por lo tanto, cree que «no hay otro camino por andar» que el que han planteado si se quiere «parar al fascismo y la ultraderecha» y ha lamentado que haya, ante este fenómenos, tanta «timidez» por parte de los gobernantes del Estado español

Carril ha afirmado que lo que plantean es «una alternativa» en estos «tiempos tan convulsos», algo que considera no solo «necesario» sino una «urgencia y una obligación» para cualquiera que se considere «demócrata y con un mínimo de justicia social».

En su intervención, Carril ha denunciado la «explosiva combinación» de reformas laborales y de pensiones, el empobreciemiento de la población y, en el caso de Galicia, la «profunda» crisis industrial que se vive y que tendrá consecuencia en las generaciones venideras.

Carril ha manifestado que, tanto ELA como CIG, son «determinantes» en el mundo laboral y también lo quieren ser en relación a las políticas que se quieren llevar adelante y que, a su juicio, se deben cambiar. Según han indicado, están dispuestos a «pelear y avanzar por marcos de soberanía como garantía real de un avance de los derechos sociales de los trabajadores».

El dirigente de la CIG ha señalado que esta coyuntura no les coge «desarmados» sino «organizados y dispuestos a defender nuestras alternativas».

ACUERDO PSOE-UNIDAS PODEMOS

El dirigente del sindicato gallego ha afirmado que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos de cara a la conformación de un Gobierno tendría que generar «ilusión», pero les genera preocupación por «los antecedentes» que se reflejaron en los Presupuestos Generales del Estado que no se llegaron a aprobar y pactaron ambos partidos.

Carril ha afirmado que fueron «tímidos» en lo social, mantuvieron la «lógica neoliberal» y para Galicia fueron los «peores presupuestos del Estado».

Por su parte, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, también ve con cierto «escepticismo» en torno a lo que «pueda dar de sí la agenda» del PSOE.

Lakuntza ha aludido a la «inconsistencia» del proyecto del PSOE aunque ha indicado que puede que la «suma» de apoyos para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez pueda conllevar cambios.

El dirigente de ELA ha señalado que lo que más les preocupa es esa «agenda que se vaya a poner encima de la mesa» y que no se abra «una agenda democratizadora, una agenda social» y que se mantenga la misma orientación en tema catalán.