Los repartidores de butano han dado de plazo al Gobierno hasta febrero para alcanzar un acuerdo sobre la retribución para el sector que evite la adopción de medidas «inmediatas», como la suspensión indefinida del reparto domiciliario o la organización de movilizaciones dirigidas a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este martes, la Comisión de Gobierno de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) ha mantenido una reunión en la que ha acordado convocar una inminente Asamblea Extraordinaria en el mes de febrero en la que se pondrá sobre la mesa estas medidas.

En un comunicado, la federación instó al Gobierno, al que hizo un llamamiento al diálogo para encontrar «soluciones conjuntas» antes de que las medidas anunciadas entren en vigor, a actuar «con urgencia para evitar un colapso del servicio» y reiteró su exigencia de una retribución «justa» por bombona y la publicación «inmediata» de una nueva orden ministerial que contemple una actualización.

La asociación indicó que esta decisión «responde a la persistente falta de soluciones a un problema enquistado desde hace una década, y sin ningún avance desde noviembre tras el cierre del período de alegaciones al borrador de nueva orden ministerial».

PROPUESTA LEJOS DE LOS 1,80 EUROS POR BOMBONA.

En concreto, el sector lamentó que el borrador de la orden reconoce «íntegramente los problemas del sector», pero propone una actualización de tan sólo 0,30 euros por botella para las agencias distribuidoras, «una cantidad que sigue siendo completamente insuficiente para cubrir los costes reales del servicio, siendo la actualización necesaria de al menos 1,80 euros por bombona», subrayó.

Asimismo, la federación advirtió de que el nuevo borrador del Ministerio demuestra que «siguen sin comprender la gravedad de la crisis que atraviesa el sector, siendo la retribución adicional ofrecida totalmente insuficiente para garantizar la viabilidad de la distribución y, menos aún, para cubrir los costes reales que enfrentan las pequeñas y medianas empresas que llevan a cabo el reparto».

Ante esta situación, la Fedglp advirtió de que un servicio «esencial» como la distribución domiciliaria de bombonas reguladas no es sostenible en las condiciones de «precariedad económica» que atraviesan las agencias.

Así, afirmó que la suspensión del reparto domiciliario de bombonas reguladas representa una medida «extrema pero necesaria ante la falta de respuesta efectiva del Gobierno».

Además, como parte de las acciones aprobadas, la Fedglp propondrá la organización de caravanas de camiones de reparto dirigidas a la sede del Ministerio para «visibilizar la crítica situación del sector y exigir una respuesta inmediata y eficaz».