Alcoa ha lamentado la posición del comité de empresa de San Cibrao (Lugo) «que dificulta el diálogo y la transmisión de información relevante» después de que haya rechazado asistir a una reunión bilateral convocada por la empresa para este miércoles, 27 de noviembre, en Madrid.

De tal forma, la compañía propone una nueva fecha, el 2 de diciembre, también en Madrid. Asegura que «es fundamental» celebrar este encuentro presencialmente «habida cuenta de la confidencialidad de los datos que Alcoa planteaba compartir en esa reunión»

En cambio, el comité se queja de que sigue sin convocarse la reunión de seguimiento –con presencia también de las administraciones– que debe realizarse trimestralmente y que está pendiente desde el pasado mes de septiembre.

Agrega que si Alcoa tiene alguna información adicional a la aportada en la última reunión con los trabajadores del pasado 6 de noviembre: «Pueden transmitirla ya sea en persona en la fábrica, como lo hicieron el 6 de noviembre, o por vía telemática o enviándonos la información directamente por correo electrónico».

Sin embargo, Alcoa defiende que estas convocatorias que hace entre empresa y trabajadores «son compatibles con cualquier reunión adicional que se fuera a convocar con las administraciones».

El pasado sábado, el comité de Alcoa retomó las movilizaciones, con un corte de la A-8 en Ribadeo (Lugo), al entender que se está incumpliendo el acuerdo de viabilidad. Todo ello después de que Alcoa alcanzase un principio de acuerdo con Ignis Eqt para que esta última invierta 25 millones en el complejo de San Cibrao, lo que supondría una aportación del 25% en una inversión de 75 millones por parte de la multinacional estadounidense del aluminio, para un global de 100 millones entre ambas.

El 6 de noviembre, comité y Alcoa celebraron un encuentro bilateral en A Mariña, en donde la empresa les ratificó que aportará 100 millones adicionales a esos 100 millones de flujo de caja. También se garantizó la continuidad de la producción de la refinería, además de un arranque del, como mínimo, 75% de las cubas en 2025.