El Sindicato Labrego Galego alerta de que el PP busca con las modificaciones legislativas que incluye la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2025 quitar tierra agraria a productores para dársela a proyectos industriales de «grandes empresas», entre lo que cita a Altri e iniciativas eólicas y mineras, en el marco de un proceso de «privatización».

En rueda de prensa en Santiago, Brais Álvarez, apicultor y miembro de la Executiva Nacional del SLG, muestra la «preocupación» por que se incluyan modificaciones en la ley de mejora de estructura agraria que «dejan la puerta abierta» a que «se sustituya» suelo agrario por «otro tipo», por lo que reclama que se elimine esa referencia.

Expone la «delicada» situación de tierra agraria en Galicia, que tan solo supone una quinta parte de la superficie y que debería incrementarse hasta ser un tercio, con terreno deficitario para plantaciones de frutas y vegetales en favor de una soberanía alimentaria.

A esto se suma que se facilita la implantación de iniciativas empresariales en Galicia con iniciativa prioritarias por la que se usarán terreno «cuando la consellería de turno considere o por intereses de una empresa».

«INSEGURIDAD JURÍDICA»

A renglón seguido, Pepe Pérez, abogado del Sindicato Labrego, ha cargado contra el «extraño» instrumento normativo de la ley de acompañamiento que «hurta» el debate parlamentario, de forma que la especificidad de múltiples leyes «se diluye» entre decenas de cambios normativos. Además, censura que no se somete a órganos consultivos, con una «ocultación y falta de transparencia».

Lamenta que incluso en el último fin de semana el Grupo Popular ha presentado enmiendas con «nocturnidad y alevosía», «volviendo todo más opaco».

«El legislador no tiene criterios muy claros cuando todos los años tiene que modificar las leyes», se queja Pepe Pérez, en lo que identifica con una «confusión normativa y caos legislativo» que produce «incertidumbre e inseguridad jurídica».

Entre otras propuestas, el Sindicato Labrego aboga por un plan especial para rehabilitar todas las viviendas abandonadas en el rural, en el cual haya subvenciones para demandantes de vivienda a precio asequible, así como los inmuebles pasen a formar parte del patrimonio de la Xunta.

LEGISLACIÓN EN FAVOR DE EÓLICOS Y MINERÍA

Por su parte, Margarida Prieto ha lamentado que estos cambios legislativos «siguen ahondando» en facilitar grandes proyectos industriales en detrimento del uso del territorio por parte de los labradores, y lo hace con «cambios muy importantes» en materia eólica y minería.

Ante la movilización de diferentes colectivos que han logrado parar proyectos perjudiciales para el entorno, la Xunta y el PP persiguen que no haya «ningún tipo de control o traba», con una reducción de plazos o que informes preceptivos dejen de serlo.

En lo tocante a eólicos, pone el foco sobre que los parques judicializados evitarán la caducidad de proyectos para obtener nuevos permisos, además de que la norma de que los eólicos estén a menos de 500 metros de viviendas excluye a zonas de repotenciación; al igual que reduce el plazo de alegaciones de ayuntamientos de «dos meses a 15 días», lo que en la práctica, asegura, es como no pedir estos informes, pues con los escasos recursos de los municipios no les dará tiempo «ni a abrirlo». «Amarran para que no podamos acceder a información, ni alegar, cerrando vías judiciales», resume.

Junto a esto, se refiere a la creación de un Consello de Minería de Galicia, en el que solo estarán representantes de administración y empresas, de forma que se «hurta» el derecho a participar a la sociedad civil. También se pone en marcha la figura de los proyectos mineros, que «prácticamente cualquiera puede denominarse» así, lo que hará «prevalente» esta actividad «delante de cualquier otra».

Ya en otro orden de cosas, Margarida Prieto avanza que analizarán de forma pormenorizada los cambios en materia de dependencia, puesto que ve «delirante» que haya una nueva regulación que «deroga prácticamente todo el decreto que publicaron hace un año».

CAMBIOS EN LEY DE MONTES

Asimismo, Xosé Ramón Cendán, asesor de la Executiva Nacional del SLG, ha dado cuenta de múltiples cambios que se incluyen en la ley de montes, en donde observa que se «abre la puerta» a cambiar en zonas protegidas frondosas por especies de crecimiento rápido, en favor de una «mayor eucaliptización».

Advierte de que «deja de estar presente» la necesidad de la aprobación de la administración forestal de proyectos, sin que haya una protección a la silvicultura, con el fin de «operar como les dé la gana». Advierte también de una política «caciquil» por la que se dará «carta blanca» a empresas en montes comunales, al tiempo que se aplicará «todos los perjuicios» a pequeños propietarios».

En esta línea, Cendán dice que «llama la atención» en la regulación de la agrupación forestal conjunta que una persona que sea representante pueda actuar con una declaración jurada, a pesar de los problemas que existen sobre la titularidad. Por ello, demanda «rigurosidad clara» en este ámbito.