La Xunta de Galicia ha modificado la Ley de puertos para permitir ampliar los plazos de vigencia de las concesiones asentadas en terrenos portuarios de titularidad autonómica, llegando hasta los 75 años en el caso de las empresas con actividad estratégica.

Este cambio normativo articulado a través de la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos para 2025 ha sido trasladado este jueves por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, a la Confederación de Empresarios de Galicia, como principales beneficiarios potenciales de la medida.

En el acto, del que ha informado la Xunta en un comunicado, Villares, que ha estado acompañado por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, ha explicado que a la Comisión mar industria de la CEG que el objetivo principal de la nueva regulación, que una vez aprobada, entraría en vigor el 1 de enero de 2025, es «reforzar la actividad económica de los puertos y la seguridad jurídica de los concesionarios» que se asientan en ellos.

Para ello, simplifica a regulaciones de las prórrogas de las concesiones en dominio público de los puertos gallegos y amplía sus plazos de vigencia en caso de que se afronten inversiones de importancia.

Tal como ha indicado el conselleiro, el cambio permitirá, en primer lugar, que las concesiones que tienen una relevancia estratégica para la actividad del puerto puedan ampliar su plazo máximo de vigencia de 50 a 75 años siempre que apoyen esta ampliación con una inversión o aportación económica proporcionada, con un mínimo de 500.000 euros.

En segundo lugar posibilitará al global de las concesionarias portuarias ampliar sus plazos de prórroga hasta un 50% más del plazo inicial, respetando en todo caso el tope máximo de 50 años.

La Xunta ha destacado que esta medida redundará en el incentivo a la actividad económica que se desarrolla en los puertos de Galicia por parte de las empresas titulares de concesiones administrativas que contarán con mayores garantías para sus inversiones. Además, de este modo, ha indicado que se acompasa la normativa autonómica y la estatal para evitar que la ley gallega pudiera ser más restrictiva que la española.