Transparencia y participación social. Han sido dos de las principales demandas que han salido de la reunión en Santiago para debatir sobre la planificación de las energías renovables en la que se han dado cita representantes de empresas, administración, colectivos ecologistas y del mundo académico.

El profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo Xabier Simón, responsable del Observatorio Eólico de Galicia, ha planteado la necesidad de que, en esta gobernanza, «participen empresas, Gobierno, ciudadanía, pymes y personas que viven en el rural».

Esta participación, según ha destacado, debe darse «en la fase de diseño y planificación de los lugares donde se van a asentar» las instalaciones –como los parques eólicos–, «pero también en el capital de esas iniciativas», a través de iniciativas comunitarias donde estén presentes ayuntamientos, agricultores y comunidades locales, y, por último, «en el reparto de los beneficios, no solo de los costes».

En esta línea se ha pronunciado también el portavoz del proyecto Eudemon, Jaume Moya, abogado y activista social que propone «mesas de diálogo» que partan de «un mapeo de todos los afectados». «Uno de los grandes defectos es que muchos de estos planes se han desarrollado de espaldas al territorio», advierte.

De ahí que soliciten «una revisión, un mapeo de todos los afectados en el territorio y un periodo de consulta». «Así conseguimos unos consensos muy interesantes», ha resaltado.

En este asunto, ha dicho, Galicia se encuentra aún «en periodo docente». En el actual momento de «parálisis por la judicialización» de la eólica, su proyecto ofrece instrumentos para evitar precisamente «esa judicialización que lleva a un enquilosamiento y polarización».

El objetivo, con su hoja de ruta, es llegar a consensos y «que no haya un bloqueo judicial ni un rodillo impositivo».

En su comparecencia este lunes en sede parlamentaria, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, recordó que sus cuentas disponen una partida para comenzar la elaboración de un nuevo plan eólico, si bien el Gobierno gallego ya introduce los principios rectores de su nueva política energética a través de la ley de medidas fiscales y administrativos.

«PUNTO INTERMEDIO»

A preguntas de los periodistas, el profesor de Economía Aplicada Xabier Simón, que ha remarcado la necesidad de «escuchar a todas las voces», ha indicado que el ámbito académico busca «un punto intermedio» entre el desarrollo económico y la preservación del entorno.

Consciente de que los 8.000 MW de eólica y energía hidráulica instalados «se asientan en el medio rural», que es el que «padece los efectos negativos», ha subrayado que es «un daño que hay que compensar».

«También sería justo que se abriesen oportunidades de inversión en las comarcas donde se asientan, inversiones industriales que permitan fijar población», ha añadido. En este sentido, considera que «sería posible tener un entramado industrial vinculado con las renovables, pero no existe» en la comunidad.

En este contexto, Eudemon ha diseñado una hoja de ruta con 52 consejos para que el desarrollo de las renovables sea «respetuoso con el territorio», tras el estudio de 15 casos de buenas prácticas.

Uno de los factores que ve «clave» es el retorno, a través de la creación de empleo, la preservación de la biodiversidad, el apartado económico «no solo vía impuestos» y la canalización de la transparencia y la participación social.

Precisamente sobre esto último, Jaume Molla ha llamado a integrar a «las personas que viven en el territorio», que son las que «van a integrar esas renovables en su realidad doméstica».

Aboga por trabajar en «cómo se puede vehicular que opinen, participen, ayuden y aporten críticas constructivas». En ese proceso de transparencia, administraciones y empresas deben ser «permeables» y comprometerse a integrar propuestas durante la ejecución, la vida útil y el desmantelamiento de las instalaciones, apunta.

REPOTENCIACIONES

A preguntas de los periodistas sobre la repotenciación obligatoria que promueve la Xunta a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos, el responsable del Observatorio Eólico de Galicia valora que «está bien, pero no es necesaria». «Porque los parques eólicos se van a repotenciar, el principal incentivo que tienen las empresas es que la tecnología que ellos instalaron hace 25 años está obsoleta y la nueva va a permitir incrementar la productividad de esos parques en un 25-30%», expone.

En esta línea, avisa de que existe «un incentivo de mercado» y que la Xunta lo impulse está «muy bien» pero «el propio mercado está conduciendo a esto». En Galicia, de hecho, «ya hay procesos en marcha y muchos otros que se van a producir».

Sobre este mismo tema, la portavoz de Adega Belén Rodríguez, también de la coordinadora Eólica Así Non, se ha mostrado «a favor» de las repotenciaciones, pero ha avisado de que «hay distintas formas de hacerlas». «Nosotros abogamos por repotenciaciones que impliquen una ocupación lo más mínima posible de nuevos espacios», ha remarcado.

Asimismo, ha situado «el problema» en «los espacios de Rede Natura», puesto que «la legislación actual permite repotenciar» en esas zonas, a lo que se oponen los ecologistas.

«TARDE»

Rodríguez ha agradecido que se realicen este tipo de foros, «aunque sea tarde», y ha llamado la atención sobre el «consenso» de que «debe haber un retorno» para los afectados, más allá de la preservación del medio ambiente.

«Hace falta una planificación del sector eólico participada por toda la sociedad gallega, incluidas las comunidades locales afectadas», ha subrayado. Y en este sentido, ha denunciado que «las últimas reformas legales van por el camino de recortar los foros de participación».

LA PATRONAL

Por su parte, el portavoz de la patronal eólica gallega (EGA), Manuel Pazo, ha lamentado que «está parado absolutamente toda la inversión eólica en Galicia» y «tiene una difícil solución».

A su juicio, según ha reiterado, la repotenciación obligatoria que prevé implantar la Xunta ahonda en esa «inseguridad jurídica» y las empresas estudia la constitucionalidad de esta medida, por una cuestión de competencias