La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO) y la Asociación Nacional de Industriales de Conservas de Pescado de Portugal (ANICP), han firmado este jueves con los sindicatos UGT-FICA, UGT Portugal y el italiano FAI-CSIL, una declaración conjunta de apoyo al sector frente a la «amenaza de la competencia desleal» de terceros países.
En particular, este frente común incide en el ámbito de la conserva de atún, debido a los procesos negociadores abiertos para la celebración de acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y los países miembros de la región ASEAN, especialmente Tailandia.
Así, la declaración incide en la necesidad de excluir a la conserva de atún del ámbito de estos acuerdos comerciales, «ante una falta evidente de ‘level playing field’, y por el impacto tremendamente negativo en el empleo de regiones costeras situadas principalmente en Portugal, España e Italia».
Según recuerdan las organizaciones firmantes, solo el sector de la conserva de atún en Europa genera más de 20.000 empleos, y el atún representa el 70 % de la producción total de las conservas. A ello se suma el empleo que genera en las regiones costeras dependientes de la pesca, con una gran presencia de personal femenino, en la franja entre 40 y 64 años de edad (12.000 familias dependen de esta industria solo en España).
PAÍSES INCUMPLIDORES, COMO TAILANDIA
Por otra parte, advierten de los «peligros» que supone la celebración de acuerdos de libre comercio con terceros países como Tailancia, «que no cumplen con los estándares europeos en materia laboral, medioambiental y sanitaria». Tailandia es el primer productor mundial de conservas y preparaciones de atún, con una producción superior a 500.000 toneladas anuales, «presentando evidentes muestras de duda en su cumplimiento», señalan fabricantes y sindicatos.
Al respecto, han explicado que se estima que «hasta el 45 % del atún desembarcado en Tailandia no sería apto para su comercialización actual en la UE debido a la falta de cumplimiento de las disposiciones europeas en materia de lucha contra la pesca ilegal (INDNR) o a la falta de autorización sanitaria para la exportación a la UE». Además, el país asiático no ha ratificado convenios fundamentales en materia de derechos humanos o en materia laboral.
A ello se suma el hecho de que, según un estudio de la consultara EPPA, si se incluye el atún en el futuro acuerdo entre la UE y Tailandia, en un periodo de 10 años la industria tendría unas pérdidas de ingresos de más de 805 millones de euros, y una pérdida de 4.665 empleos a tiempo completo. Por todo ello, piden a la UE que defienda «enérgicamente» los llamados «productos sensibles».
INTERNACIONALIZACIÓN, NO DESLOCALIZACIÓN
Los agentes sociales, por su parte, reclaman «acuerdos comerciales equitativos, fundamentados en rigurosos estudios de impacto que consideren la opinión de todos los sectores implicados», y que se promuevan los procesos de internacionalización, «que no de deslocalización».
Finalmente, han alertado de que hay un precedente, el de Vietnam, al otorgarse un contingente de 11.500 toneladas de atún, pese a contar con una ‘tarjeta amarilla’ por pesca ilegal. «Es decir, se introduce un ‘caballo de troya’ en cada negociación contra los intereses del sector europeo, con un contingente que se podría ver incrementado en futuras modernizaciones del acuerdo UE-Vietnam».
