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La Xunta seguirá defendiendo la autorización del eólico entre Zas y Santa Comba, que «sigue pendiente de sentencia»

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El Gobierno gallego ha minimizado el impacto de la resolución que ha trascendido este lunes del Tribunal Supremo (TS), relativa a no admitir a trámite el recurso presentado por Xunta y Engasa Lagoa contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenó la suspensión cautelar de la autorización al parque eólico Lagoa II, entre los municipios coruñeses de Zas y Santa Comba, ante la existencia de indicios de un posible daño medioambiental a ecosistemas de la zona.

En una providencia del 16 de octubre de 2024, el Supremo basa su inadmisión en la «falta de fundamentación suficiente, y sigularizada al caso, de la concurrencia de los supuestos de interés casacional». Además, impone el pago de costas procesuales a Xunta (1.000 euros más IVA) y empresa recurrente (500 euros más IVA).

La decisión tomada en su día por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal gallego estimaba la medida cautelar pedida por la asociación ecologista Petón do Lobo contra las autorizaciones previas y de construcción otorgadas por la Xunta a este parque eólico.

Después de trascender esta decisión, la Xunta ha trasladado que «el único aval real» a la tramitación que se está haciendo en Galicia «son las dos sentencias» del Supremo que «le dan la razón a la Xunta», al concluir que la tramitación ambiental «cumple lo exigido por la norma vigente y garantiza la protección ambiental».

«SIGUE PENDIENTE DE SENTENCIA»

«En este caso no se trata de una sentencia, sino de una cuto del Supremo sobre el recurso de la Xunta ante el auto de suspensión cautelar del TSXG. Esta resolución del TS, por tanto, no entra en el fondo de la cuestión, ya que decide no analizar el recurso por una cuestión meramente formal», esgrime la Xunta, en relación a la providencia que ha trascendido este lunes.

Así las cosas, el Ejecutivo autonómico defiende que la resolución «en nada cambia la situación de fondo del parque y la posibilidad de su autorización, que sigue pendiente de sentencia». «Autorización que la Xunta seguirá defendiendo ante los tribunales», ha concluido.

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