Facua ha comunicado que el Instituto Galego de Consumo y la Competencia ha trasladado el cierre del expediente sancionador contra el Caudal Fest, confirmando la imposición de una multa de «tan solo» 7.500 euros por «haberse quedado de forma ilícita decenas de miles de euros de las pulseras cashless, además de otras cláusulas abusivas que impusieron a los asistentes».

En una nota de prensa, el colectivo de consumidores ha explicado que esta multa es consecuencia de una denuncia que la entidad interpuso en septiembre de 2023 contra la promotora del evento, Bring the Noise SL, tras constatar que en su página web informaba del cobro de un euro en concepto de «gastos de gestión» a todos los usuarios que solicitaran la devolución del dinero introducido en la pulsera y que no hubieran consumido durante el evento. Además, imponía el uso de este método de pago en todo el recinto de su festival y prohibía el pago en efectivo.

Meses después, en noviembre del mismo año, tal y como ha explicado Facua, la administración de consumo gallega informó de la apertura de un expediente sancionador contra la empresa, con una propuesta de multa de 7.500 euros.

MULTAS «RIDÍCULAS»

Ahora, Facua ha vuelto a denunciar al Caudal Fest por su edición de 2024, ya que «un año más ha incluido el cobro de gastos de gestión por la devolución del dinero no consumido de las cashless».

La asociación advierte de que las multas que se proponen «son tan ridículas, que el festival decide cometer la misma infracción por la que ya tiene un expediente sancionador abierto, ya que obtiene más beneficio por ella que el perjuicio que puede suponerle una sanción».

Así, critica la «tibieza» del Instituto Galego de Consumo ante estas «graves irregularidades», al haber cerrado el asunto «sin imponer una sanción que realmente cumpla con su efecto disuasorio». «Al multar con cantidades tan bajas, a las empresas les resulta más beneficioso seguir cometiendo las mismas infracciones y, posteriormente, pagar la sanción que corresponda», lamenta.

En este sentido, la asociación señala que «el beneficio ilícito» obtenido por la promotora al cobrar este euro por la devolución del dinero «supera con creces la ínfima multa» impuesta por el departamento autonómico.

MÁS SANCIONES

Facua insiste en la necesidad de, no sólo revisar la normativa para que recoja sanciones mucho más altas antes infracciones en materia de protección a los consumidores, sino de que las autoridades de consumo eleven los importes de las multas.

«Sólo con la imposición de sanciones que realmente supongan un perjuicio para la economía de las empresas se conseguirá disuadir a estas de que sigan infringiendo la normativa. Mientras el beneficio obtenido por la práctica irregular sea superior a la multa, las empresas seguirán incurriendo en estas actitudes», expone.