La gran mayoría de los ayuntamientos gallegos –240, el 76,7% del total– son considerados zonas poco pobladas (ZPP) y buena parte de ellos están en zonas rurales. Un estudio del Observatorio Municipal Red Localis, de la Universidade de Vigo (UVigo), ha estimado que, de media, recaudan por impuestos unos 260 euros menos por habitante en comparación a las siete ciudades, consideradas zonas densamente pobladas (ZDP), por lo que sus ingresos se nutren de las transferencias que reciben.
Esta es una de las conclusiones de este informe firmado por Alberto Vaquero García, que confirma que los municipios rurales «suelen presentar problemas y limitaciones para poder garantizar los servicios» a sus vecinos. Esto es algo que «no es patrimonio exclusivo» de Galicia, pero que en esta Comunidad sí se ve acentuado por el envejecimiento y la dispersión poblacional, entre otros factores.
El estudio analiza la recaudación de tres tipos de municipios gallegos: los 240 más pequeños (ZPP), las siete ciudades (ZDP) y otros 66 que son los llamados zonas de densidad intermedia (ZIP). Cabe resaltar que los siete ayuntamientos urbanos concentran el 76,7% de la población de la Comunidad, dos de cada tres habitantes.
Pues bien, Red Localis estima que la diferencia en recaudación por vecino entre los ayuntamientos ZPP y los ZDP es de 144,2 en impuestos directos, 19,8 euros en indirectos y 95,2 euros en tasas públicas; es decir, 259,2 euros menos de media. La diferencia con los municipios intermedios (ZIP) ya no es tan alta: 22,9 euros, 5,22 y 33,3 euros, respectivamente; 61,2 euros en total.
Con todo, la diferencia de ingresos entre los más grandes y los más pequeños se reduce notablemente –a apenas 1,59 euros por habitante– si se tiene en cuenta, más allá de la recaudación propia de cada ayuntamiento, el dinero procedente de transferencias. Y es aquí donde los municipios intermedios salen más perjudicados, con una diferencia de hasta 150 euros por vecino con respecto a los restantes.
Asimismo, Red Localis advierte que en los ayuntamientos pequeños el gasto en personal es mayor –unos 40 euros más por habitante– que en los más grandes. Ocurre lo mismo en las inversiones reales, con una diferencia de 115 euros. Sin embargo, la tendencia es la contraria en gastos y transferencias corrientes.
De nuevo, el informe de Red Localis apunta que el menor gasto por habitante lo anotan los ayuntamientos de tamaño intermedio.
RECOMENDACIONES
En vista de todos estos datos, este estudio recoge algunas recomendaciones para mejorar la capacidad de recaudación de los municipios rurales, como por ejemplo «plantearse si es racional exigir los mismos servicios» a todos los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, porque «no es lo mismo» aproximarse a esta cifra que tener solo 1.000 vecinos o, incluso, menos.
En este sentido, Red Localis apela a «reflexionar» si la ley de bases de régimen local de 1985 «está atribuyendo un exceso de competencias» a los municipios menos poblados con respecto a su capacidad real para prestar estos servicios.
Además, en estos casos es común que estas prestaciones las realicen, de facto, las diputaciones o dependan de las ayudas de otras administraciones. Esto hace, añade el documento, que «la autonomía local es más teórica que práctica».
Red Localis también apuesta diversificar los recursos obtenidos por las administraciones locales a través de «cambios de calado» en el sistema de transferencias que reciben del Estado y de las comunidades autónomas. Por ejemplo, «evitando que la mayor parte de los recursos» que aportan «quede condicionado a criterios de naturaleza demográfica».
Del mismo modo, el estudio aboga por políticas que atraigan a vecinos al rural para incrementar el poder de recaudación de estos ayuntamientos. Al respecto, menciona medidas como los conocidos ‘cheques bebé’, ayudas para adquirir viviendas o rebajas fiscales, pero recomienda que se haga un «ejercicio de evaluación económica» ante el riesgo de que se traduzcan en un menor gasto público y peores servicios.
Finalmente Red Localis llama a «valorar la consideración de un régimen fiscal diferenciado» para los municipios rurales, que contribuya a fomentar el desarrollo económico de municipios con escasa densidad demográfica pero de mayor tamaño poblacional, con el objetivo de reducir la distancia para la prestación de los servicios públicos.
