El Gobierno ha acordado con los agentes sociales –sindicatos y patronal– un nuevo marco regulador para compatibilizar trabajo y pensión en el que, para cobrar el 100% de la pensión se necesitarán al menos cinco años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.Se consuma un nuevo recorte de las pensiones en el diálogo social Santiago de Compostela, a 31 de julio de 2024

El sindicato CIG ha criticado este miércoles el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social en materia de pensiones, asegurando que se trata de «un nuevo recorte de derechos de la clase trabajadora» que «dificulta el acceso a la jubilación parcial y no resuelve las reivindicaciones de colectivos laborales que padecen condiciones de especial penosidad, perigosidad o toxicidad».

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, denuncia, además, que esta modificación que «afecta directamente al derecho a una jubilación digna», se haya negociado «en el ámbito del diálogo social, sin pasar por los órganos de representación institucional tripartita» y «usurpando los derechos de representación institucional de las centrales con la condición de más representativas, como la CIG».

A la espera de conocer el contenido exacto del acuerdo, la CIG subraya que «todo lo que no signifique recuperar la jubilación parcial a los 61 años» en todas las actividades «constituye un perjuicio para los derechos que la clase trabajadora ya tenía reconocidos y que le fueron robados en las diferentes reformas de las pensiones encadenadas desde el año 2011».

«Hace falta recordar que en ese año, el Gobierno de Zapatero, con el aval de CCOO, UGT y la patronal, ejecutó una lesiva reforma para retrasar la edad de jubilación a los 67 los años, incrementar los años de cotización para el período de cálculo y recortar el derecho a la jubilación parcial a los 61 años», señala la CIG.

Lo que ha trascendido del acuerdo ahora alcanzado, añaden, indica que «prosigue en la senda de recortes, para la industria manufacturera, que ahora tiene reconocida la jubilación parcial a partir de los 61 años», y se amplía de dos la tres años a posibilidad de anticipar la jubilación parcial, «pero desconocemos si a partir de los 61 años o retrasándola hasta los 62 años».

Para el resto de trabajadores y trabajadoras el acceso a la jubilación parcial «queda como ya estaba, pero sin poder adelantarla más de tres años». Para Carril «hay un recorte en la medida en que las personas trabajadoras no se pueden jubilar a los 61 años, afianzando la jubilación común a los 67 años, y continúan exigiéndose carreras de cotizaciones muy largas que, en un mercado laboral precarizado como el actual, deja a muchas personas fuera de este derecho».

Frente a esto, la CIG demanda que la jubilación parcial a los 61 años sea «un derecho para el conjunto de la clase trabajadora»; la necesidad de retornar a la jubilación a los 65 años y no a los 67; que sea voluntaria para aquellas personas trabajadoras que a cualquier edad tengan acreditado 35 años de cotización a la Seguridad Social; y una mejora que permita el acceso a la jubilación a través de coeficientes redutores a muchas profesiones peligrosos, tóxicas y penosas como construcción, transporte de viajeros y de mercancías, sector sanitario y sociosanitario, actividades de cuidados, dependencia, servicio de guardacostas, personal bombero y agentes forestales o plantas de tratamiento de basura.

Por otra parte, la CIG denuncia que el acuerdo negociado en el seno del diálogo social «profundiza en la privatización de la sanidad pública», al «ampliar los ámbitos de actuación de las mutuas en la gestión de la salud de las personas trabajadoras».