El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha hecho un llamamiento al Gobierno a que convoque de forma urgente la mesa de diálogo social para aumentar las indemnizaciones por despidos improcedentes tras el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que condena a España.

El pasado lunes, el Comité Europeo de Derechos Sociales falló contra España, por 13 votos a 1, por su regulación de la indemnización por despido improcedente al considerar que «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea.

En rueda de prensa en Santiago de Compostela este martes, acompañado del secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez, Fernando Luján ha avisado que «no es admisible» que «haya despidos de saldo», ya que «en España es demasiado fácil y barato despedir», por lo que reclama «modificar la ley con carácter urgente».

En esta línea, Luján remarca que España «está obligada a cumplir con los tratados internacionales y respetar los derechos humanos». Uno de los puntos en los que ha incidido Luján también ha sido la necesidad de modificar la ley y unificar criterios, de forma que no se «aplique juzgado a juzgado».

De tal modo, demanda que se celebre esa reunión de diálogo social, más allá de que a «la patronal no le gustará mucho» que se aumente la indemnización por despido, pero recuerda que a los trabajadores también les gustó «muy poco» cómo se abarató el despido.

En relación a Galicia, las demandas presentadas por despido improcedente fueron 4.039 en 2023, con unas indemnizaciones medias por trabajador de poco más de 9.000 euros, una cuantía que UGT tacha de «ridícula» y que no se ajusta a la legislación vigente.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

La resolución del Comité, adelantada por UGT hace unos días y cuyo contenido íntegro se conoció el lunes, establece que la indemnización por despido improcedente debe ser disuasoria para que el empresario no incumpla la ley y ser resarcitoria para el trabajador despedido.

En España, el límite máximo de la indemnización en caso de despido improcedente no puede exceder de 33 días de salario por año de servicio, con un límite máximo de 24 mensualidades. En caso de despido por causas objetivas y despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, el tope máximo no puede superar los 20 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades.

UGT presentó una demanda ante el Comité por el coste del despido improcedente en España debido a que la reforma laboral de 2021 no revirtió todas las medidas introducidas en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. En ese momento se redujo de 45 a 33 días por año la indemnización por despido improcedente y se eliminaron los salarios de tramitación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó, el lunes, que abordará la reforma del despido en el diálogo social cuando culmine la negociación con sindicatos y empresarios sobre la reducción de la jornada laboral. «Todo lo que deriva del Comité se convierte en fuente de Derecho en España», ha dejado claro.