El comité ejecutivo de energía del Consello Galego de Economía e Competitividade, dependiente de la Consellería de Economía e Industria, ha acordado presentar alegaciones al borrador del concurso del nudo de transición justa de Meirama convocado por el Gobierno el pasado 15 de julio.

En un comunicado, el departamento autonómico ha explicado que así se ha decidido después de una reunión a la que fueron convocadas las principales organizaciones sindicales, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Fegamp, la Cámara Oficial Minera, el Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais, la Federación Ecoloxista Gallega y el Ayuntamiento de Cerceda, a través de su alcalde, Juan Manuel Rodríguez García.

El comité de Energía está presidido por el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila y, por parte de la Xunta, en él está representada, además de la Consellería, la Axencia Galega de Innovación (Gain), el Instituto Económico de Galicia (Igape), el Instituto Galego do Consumo e da Competencia y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

Uno de los principales motivos para alegar, conforme ha indicado la Xunta, es que el borrador únicamente prevé la convocatoria de 408MW, 150MW menos de los que tenía la central térmica instalada. Un documento que, tal y como se ha dicho en la reunión, llega con retraso, pues debería tenerse acompasado con los trabajos de demolición y desmantelamiento de la central.

El objetivo del concurso convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por medio del Instituto para la Transición Justa, es otorgar derechos de acceso a la red eléctrica a proyectos de renovables y almacenamiento que se ejecuten en zonas vinculadas al cierre de centrales térmicas de carbón, como es el caso de Meirama, para mitigar el impacto de su desmantelamiento y asegurar la reindustrialización de estas zonas.

En ese sentido, el comité también considera que se debe valorar la viabilidad ambiental de los proyectos pero sin tener que recurrir al mapa de sensibilidad ambiental del ministerio, que únicamente es una herramienta orientativa. Además, se alegará que deben establecerse mecanismos que garanticen la compatibilidad de los proyectos adjudicatarios.

Fernández Vila ha invitado a los asistentes a que remitan sus aportaciones para poder elaborar unas alegaciones consensuadas para enviar al Instituto para la Transición Justa y así trabajar entre todos en favor de una adecuada reconversión y reindustrialización de las comarcas afectadas por el cierre de las centrales térmicas en Galicia.