El expresidente del Banco Popular Ángel Ron atribuye a «problemas de interpretación» las discrepancias en su gestión respecto de las instrucciones del Banco de España y alega que tuvo que contratar a Deloitte para que interpretase el sentido de la circular de 2016 sobre el cálculo de provisiones de la banca, según informan en fuentes jurídicas.

Ron ha vuelto este jueves por segundo día consecutivo a comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción, que le investigan por administración desleal y falsedad en las cuentas, entre otros delitos societarios, en relación a la quiebra del Banco Popular.

Durante más de cuatro horas de interrogatorio ha defendido su gestión a preguntas del juez, el fiscal y su propia defensa en una comparecencia técnica en la que se ha analizado el pormenor de decisiones que adoptó en relación con la normativa vigente y las instrucciones de los organismos reguladores.

Según las fuentes consultadas, Ron ha insistido en que cumplían la normativa pero existía un descuadre en la interpretación de la mencionada circular que le llevó a contratar a Deloitte. El juez le ha interrumpido en este punto para preguntar por qué no preguntó directamente al Banco de España, lo que habría sido más barato, y no ha obtenido respuesta.

Sobre este asunto, ha apuntado además que existía una discrepancia entre las provisiones legales y las que esperaba el mercado. Cuando su defensa le ha preguntado si esta diferencia era perfectamente reconocible por los inversores institucionales, Ron ha reconocido que no, de acuerdo a fuentes presentes en el interrogatorio.

El expresidente del Popular ha defendido que en todo caso, las deficiencias que apuntaban los reguladores se iban subsanando siempre sobre la marcha y que cada paso que dio en el banco contaba con el beneplácito de los supervisores e informes favorables de la asesoría jurídica y los auditores.

Además del problema de provisiones, Anticorrupción ha dedicado parte del interrogatorio a la gestión de sociedades en Luxemburgo a las que se habían concedido préstamos y de las que el Popular adquirió un 50% cuando afrontaban problemas de financiación. Ron ha defendido, de nuevo, que todo se hizo como se debía hacer y que en este caso, se trataba de cubrir riesgos de posible entrada en concursos y evitar que la deuda acabara subordinada.

En línea con su declaración del miércoles, ha vuelto a señalar a su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, como el responsable de que el banco acabase vendido al precio simbólico de un euro y para ello ha solicitado aportar a la causa el acta de un consejo de administración de abril de 2017 en el que el ya nuevo presidente habría explicado que podía conseguir 3.500 millones de euros sin ampliar capital ni vender el banco o acometer ninguna operación corporativa.

También ha afirmado que Saracho, un mes antes de la reexpresión de las cuentas, estuvo en el Banco Central Europeo y ya puso sobre la mesa que entre los posibles caminos para el Popular estaba su resolución. Para Ron, esto revela que la verdadera intención de su sucesor era vender la entidad a bajo precio, no gestionarla.