El director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández Vila, se ha comprometido este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo a abonar las ayudas del bono social térmico y del complemento del bono social eléctrico correspondientes al año 2023 a sus beneficiarios «a lo largo del mes de septiembre».

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta planteada en la Comisión por el diputado Xosé Manuel Golpe Acuña (BNG), que ha recordado durante su intervención al Gobierno autonómico que las citadas ayudas, claves, ha dicho, para «combatir la pobreza energética» y para «las cuentas familiares» de numerosos hogares, deberían de estar liquidadas «en el primer trimestre del año».

«El pago de los dos bonos, tanto del social térmico como del complemento del social eléctrico, tienen la prioridad número uno de la Consellería», ha asegurado al respecto Fernández Vila, para acto seguido adelantar que los beneficiarios comenzarán a recibir las cartas en julio con la intención de que las ayudas –que conceden un descuento en la factura de la luz– puedan estar pagadas «a lo largo del mes de septiembre». «Creo que es un plazo realista», ha agregado.

El director xeral de Planificación Enerxética, que ha subrayado que Galicia es la única comunidad autónoma que paga un complemento al bono social eléctrico –de carácter estatal– del que se han podido beneficiar desde su aprobación «36.042 familias» gracias a una inversión cercana a los «nueve millones de euros», ha reconocido que la tramitación de las ayudas se ha visto afectada por un proceso de «reorganización interna» llevado a cabo en base a criterios de «eficacia y eficiencia para lograr mayor agilidad».

«La realidad es que este año, con la constitución del nuevo Gobierno, se reorganizó internamente la tramitación del bono social térmico pasando a la actual Consellería de Economía e Industria. Una decisión lógica, ya que precisamente los beneficiarios de uno y de otro bono coinciden», ha recalcado Pablo Fernández Vila.

CRISIS ENERGÉTICA Y CARESTÍA DE PRECIOS

También ha precisado durante su comparecencia en la Comisión 6ª el director xeral de Planificación Enerxética e Minas que las ayudas que se abonarán en el mes de septiembre son las correspondientes al año 2023 ya que, ha explicado, la condición de «consumidor vulnerable» susceptible de ser perceptor de dichos bonos queda establecida «a 31 de diciembre del año anterior».

«La realidad es que en los dos últimos años nos tocó vivir un momento de crisis energética y carestía de precios como no se recordaba. En el año 2021, la factura mensual de electricidad fue de media de 79,11 euros y en el año 2022 ascendió hasta los 105,48. Una subida de precios que ha sido constante desde el año 2020», ha sintetizado Fernández Vila en relación a un «contexto energético» que, ha manifestado, debe «ser tomado en cuenta».

Un contexto que, ha finalizado el director xeral de Planificación Enerxética, no tendrá ningún efecto en la cuantía de unas ayudas que, ha señalado, «se otorgan ahora de oficio». «Esto quiere decir que la persona que tiene derecho a cobrar una cuantía lo hace sin tener que hacer ninguna solicitud. Por lo tanto no hay ninguna reducción del crédito en el complemento al bono social eléctrico», ha concluido.