Unos 5.000 ascensores en funcionamiento en Galicia que no tienen la inspección técnica periódica obligatoria en regla están en riesgo de paralizarse a partir del próximo día 1 de julio, fecha en la que entra en vigor la nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) que regula este tipo de maquinaria.

Precisamente, para abordar esta nueva normativa, la Asociación Gallega de Ascensores (AEGA) ha celebrado este jueves en Santiago de Compostela unas jornadas empresariales, con presencia también de la Xunta de Galicia, en la que se ha pedido al Gobierno que adopte algún tipo de medida para ampliar el plazo de entrega en vigor de esta normativa y evitar la paralización de estos 5.000 aparatos y lo que tanto AEGA como la Administración autonómica han calificado como «5.000 tragedias» para los vecinos de los inmuebles afectados.

En el acto, además de la presidenta de de AEGA, Ángeles Ríos, ha participado el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta, Nicolás Vázquez; y el secretario general Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón.

En su intervención, Ángeles Ríos ha explicado que la normativa aprobada por el Consejo de Ministros en abril y que entra en vigor el próximo 1 de julio actualiza las medidas de seguridad que deben tener los 65.000 ascensores que están en funcionamiento en Galicia, algunos de ellos con «más de 30 años de antigüedad».

Según ha explicado, de estos 65.000 ascensores, un 8%, unos 5.000, no tienen en regla la inspección técnica, por lo que los propietarios o las comunidades de vecinos deben de contactar con algún organismo de control y contratarla para evitar que sean paralizados el próximo 1 de julio. A partir de ahí, dispondrán de un mayor plazo para adaptar sus maquinarias según las necesidades que se detecten en cada control.

«El organismo de control chequeará si esas medidas que se exigen están incorporadas en el ascensor porque es nuevo o si, por ser más antiguo, es necesario mejorar cuestiones como la nivelación cuando llega a planta o incorporar la línea de teléfono», ha explicado la presidenta de AEGA, que ha incidido en que «estás medidas sí serán más paulatinas».

Y es que, como ha insistido, lo «más urgente» es que se pone «el foco» en que a las 24 horas caduca esa inspección, por lo que la «empresa mantenedora tiene la obligación de paralizar el ascensor e informar a la autoridad competente, en este caso la Consellería de Industria o la delegación de Industria correspondiente».

Por ello, según ha indicado, el sector incide en la necesidad de llegar al 100% de los titulares de ascensores, de las comunidades de propietarios, los administradores de fincas para que tengan el conocimiento y puedan prevenir la situación.

PIDEN AL GOBIERNO QUE AMPLÍE EL PLAZO

En el acto, el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta, Nicolás Vázquez, ha considerado que «unos cambios tan profundos» como los que deben afrontar los ascensores que no hayan pasado la inspección obligatoria requieren un «mayor tiempo transitorio» o, al menos, que «la entrada en vigor» de la norma fuese «un poco posterior».

«Estamos totalmente a favor de las medidas de seguridad que busca esta ITC», ha incidido Nicolás Vázquez, que, con todo, ha incidido en que en solo dos meses desde la aprobación de la nueva regulación los organismos de control deben de hacer un trabajo que «es casi imposible de acometer» en un contexto en el que 5.000 ascensores aún están sin inspección.

Ante ello, ha explicado que la Xunta remitió una carta al Ministerio de Industria en la que le solicita que adopte medidas urgentes para ampliar la entrada en vigor de las nueva regulación y evitar la paralización de muchos ascensores. A la misiva, conforme ha indicado, el departamento estatal aún no ha respondido.

Por su parte, el secretario general de Asime ha destacado que el de los ascensores es un «sector estratégico» que emplea a unos 5.000 trabajadores en Galicia y ha puesto en valor el trabajo de la Asociación Gallega de Ascensores y de la Secretaría Xeral de Industria de cara a la entrada en vigor de esta normativa.