La secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea, ha estimado que más del 90% de los pisos turísticos registrados en algunas ciudades de España no están cumpliendo la normativa, tras conocerse hoy que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 203 investiga a las plataformas de alquiler turístico para perseguir la publicidad de viviendas sin licencia.

«Desde el Ministerio hemos enviado requirimientos de información a plataformas de alquiler turístico porque hemos tenido la evidencia de que hay datos oficiales de incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico», ha declarado a los medios.

Además, Medialdea ha asegurado que, en la medida en que esos alojamientos son ilegales, «su publicidad también lo sería», por lo que «esa publicidad ilícita es competencia del Ministerio perseguirla, inspeccionarla y, en su caso, sancionarla».

A la hora de sancionar, la secretaria general ha recordado que la Dirección General de Consumo estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia, razón por la cual el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas.

La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito, haciendo especial hincapié, apuntan desde Consumo, «en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general».