El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha reclamado «agilidad» al Estado en el traspaso de medios a Galicia para el desarrollo de la ley de litoral.
Así se ha pronunciado en rueda de prensa, celebrada en la compostelana sede de la patronal gallega, para valorar «la buena noticia» de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la ley gallega que había sido recurrida por el Gobierno central. Ahora, Vieites llama a «recuperar el tiempo perdido» por este retraso en su aplicación al haber estado suspendida la norma durante varios meses.
Tras la reunión de la Comisión Mar-Industria de la CEG, ha apelado al «diálogo y consenso» que pasen por una cooperación entre Gobierno y Xunta para poner a disposición de Galicia los medios de cara a una «gestión activa». Para ello aboga por una proposición parlamentaria en la que se «concrete» estos medios materiales y personales. «Ahora toca trabajar cómo se hacen esas transferencia y poner en práctica lo antes posible, con agilidad», afirma.
De este modo, incide en que la resolución del Constitucional aporta «seguridad jurídica». De tal forma, desea «suerte al nuevo gobierno de la Xunta», ya que «sus éxitos serán los de todos los gallegos».
Remarca que el de mar-industria es «un sector estratégico» que abarca a más de 40.000 personas y más de 9.000 millones de euros de actividad económica.
COORDINACIÓN
En esta línea, la patronal aplaude «contar con un sistema de coordinación» a través del Foro do Litoral que impulsará la Xunta, también con la participacón de los sectores implicados.
Asimismo, la patronal insta al Gobierno central a que establezca una mesa de análisis y negociación con los sectores afectados, para que la regulación ponga en equilibrio la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico, especialmente ante cualquier reforma, como la del reglamento de la Ley de Costas que no debe suponer «un paso atrás» y sea «amigable» con el sector.
A renglón seguido, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha expresado que en esta decisión del TC se pone en valor la «unidad» de la «colaboración público-privada» que hubo en Galicia entre Xunta y sector en defensa de la ley, la cual «no invade ámbitos de competencia» de la Ley de Costas y supondrá «un precedente muy importante» para otras autonomías.
Precisamente, sobre el reglamento de la Ley de Costas asegura que existe «preocupación» por la «enorme importancia» que el Ministerio para la Transición Ecológica otorga a «criterios medioambientalistas», por lo que pide un equilibrio entre la protección ambiental y la actividad socioeconómica a lo largo de 2.500 kilómetros de costa.
