La Consellería de Sanidade ha negado «opacidad» en las contrataciones por la crisis del covid-19, en respuesta al informe de fiscalización del Consello de Contas, que ve «falta de publicidad» en algunos contratos. Del mismo, asegura que lo que hace son «recomendaciones» de mejora en la gestión «sin que supongan un reparo de legalidad».

«No hay ningún indicio de que ningún contrato adjudicado por la Xunta de Galicia durante la pandemia supusiera el enrequecimiento de ningún cargo público», argumenta también.

Del mismo, indica que acredita que los expedientes que el Sergas tramitó por el procedimiento de emergencia entre marzo de 2020 y mayo de 2021 «tuvieron la necesaria justificación de ese carácter de emergencia mediante una memoria».

«De hecho, las recomendaciones que Contas hace a la Xunta sobre estas tramitaciones, ante eventualidades futuras semejantes, son formalizar de manera escrita las contrataciones verbales, a pesar de que la legislación no lo exija, y mejorar los requisitos de publicidad».

Además, sostiene que la relación de empresas adjudicatarias recogida por el informe revela que «en buena medida, el Sergas mantiene a sus proveedores habituales, aunque diversificando sus compras para minimizar riegos de ruptura de stocks».

Respecto a las empresas con más contratos en 2021, afirma que «parece razonable que sean las que se encargaron de las tareas más demandadas en ese año», señala citando los equipos para la realización de test covid con saliva o la distribución de vacunas. Mientras, destaca que Contas avalase que «al contrario de otras administraciones, la Xunta nunca realizó anticipos de pago antes de recibir los productos».

Sobre la concurrencia y comprobación da aptitud y capacidad del adxudicatario, a la que alude el Consello de Contas, el Sergas respondió en sus alegaciones que «muchos de los contratos de servicios tramitados por emergencia se adjudicaron a empresas que ya venían prestando ese tipo de servicios».

«Los procedimientos con más concurrencia requerirían de un tiempo en aquel momento inexistente», señala para recordar, además, que el informe sobre estos contratos se realizó tras una petición del BNG en el Parlamento gallego aprobada con los votos del PPdeG.