Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no aplicarán el índice de precios de alquiler, que este mismo viernes arranca con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que consideran que reduce la oferta de inmuebles, fomenta la economía sumergida y supone un «suicidio inmobiliario».

En un comunicado, los ‘populares’ auguran un «estrepitoso fracaso» al índice de precios de alquileres, dado que ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, ha puesto en marcha la iniciativa ni ha informado formalmente sus «zonas tensionadas» para su aplicación.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha afirmado que aplicar este índice es un «suicidio inmobiliario», porque desestabilizaría aún más el mercado, reduciría la oferta y fomentaría la economía sumergida. «Error tras error», ha añadido.

Diez meses después de la puesta en marcha de la Ley de Vivienda, el Gobierno ha publicado la resolución ministerial del índice de precios de alquileres. La responsable de Vivienda del PP ha señalado que, en el tiempo de vigencia de la ley, los precios de alquiler de pisos han alcanzado «máximos históricos», con efectos «perversos» para los jóvenes y las clases más desfavorecidas.

«Este índice profundiza aún más en los errores de la ley y de este Gobierno, que vive en un mundo paralelo, de espaldas a los expertos, al mercado y a la realidad», ha indicado.

El índice se aplicará únicamente en aquellas comunidades autónomas que declaren, a solicitud de los municipios, zonas tensionadas. Hasta el momento, ninguna región ha iniciado los trámites oficiales, y sólo Cataluña ha anunciado su intención de declarar 140 zonas tensionadas. «Es sorprende y paradójico que una norma española, sólo la haya aceptado un gobierno independentista», ha señalado Paloma Martín.

El índice de referencia es una de las principales medidas de la Ley de Vivienda que, según ha recordado el PP, ha dado lugar a cinco recursos de inconstitucionalidad (presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares; y el Parlamento de Cataluña), todos ellos admitidos a trámite. Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la vulneración del derecho de propiedad, en el control del precio de los alquileres, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas y en la invasión de competencias autonómicas.

Además de los recursos de inconstitucionalidad, los ‘populares’ apuntan a que la Ley de Vivienda motivó un «dictamen adverso» del Consejo General del Poder Judicial, que incidía particularmente en aspectos como el «claro dirigismo de las instituciones autonómicas y locales», la «incisiva vigilancia» de la Administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios, o el «problemático encaje en el orden constitucional de competencias».

El PP recuerda que el sector inmobiliario también ha mostrado su rechazo. Según un estudio de esta misma semana del portal Idealista, el índice de precios del alquiler del Gobierno es un 32% más bajo que el precio de mercado, lo que puede contribuir aún más a la falta de oferta de viviendas en arrendamiento.

GALICIA

En Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda lamenta que sea una medida diseñada «sin la debida consulta y escucha a las comunidades», además de «repetir el error cometido con la Ley estatal de vivienda en la que se incluye este índice».

Además, el departamento autonómico destaca que «llega nueve meses después de la aprobación de la ley» lo que, en opinión de Vivenda, «muestra la falta de planificación del Gobierno central».

«La Xunta dejó claro desde el principio que no va a declarar de oficio zonas tensionadas en Galicia porque fijan obligaciones que contribuyen a desincentivar a los propietarios e incluso a reducir la oferta y ya fracasaron en otros países y ciudades europeas», expone.

ERROR EN LA TRAMITACIÓN

El PP añade a las críticas de fondo y contenido, «graves errores de forma», dado que el Gobierno ha propuesto la aprobación del Sistema Estatal de Índices de Referencia mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, «ignorando que este trámite requiere al menos de una orden ministerial».

La responsable del área de Vivienda del PP ha denunciado que esta medida, además de «amenazar» el mercado del alquiler, pretende imponerse con un rango legal inferior al necesario. «Un secretario de Estado carece de atribuciones para dictar una norma reglamentaria que, en el trámite que se está sustanciando, aparece definida como proyecto no normativo», ha explicado.

PROPUESTAS DEL PP

En este contexto, el PP aboga por un Pacto de Estado que asiente las condiciones para incrementar sustancialmente el parque inmobiliario. Según los análisis del partido, la raíz del problema del acceso a la vivienda, que afecta sobre todo a la población joven, es el desequilibrio crónico entra la oferta y la demanda.

Martín ha insistido en que las soluciones no pasan por «intervenir el mercado y topar los precios, como impone el PSOE», sino por equilibrar oferta y demanda. «Para corregir el desfase actual es necesario poner en marcha medidas que dinamicen el mercado como una mayor disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa, la ayuda a los jóvenes, la seguridad jurídica o la lucha contra la ocupación», ha subrayado.

Entre la batería de acciones concretas que propone el PP, destaca la concesión a jóvenes menores de 35 años de un aval de hasta el 15% del total de la vivienda, para así facilitar el acceso a una hipoteca. También plantea la creación de un fondo de garantía que permita avalar la fianza para el alquiler a los jóvenes que cumplan unos requisitos establecidos.