El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar provisionalmente la investigación sobre la ampliación de capital del Banco Popular de 2012 al no resultar «debidamente justificada la perpetración de delito alguno».

En un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda nuevamente el sobreseimiento de la causa, como ya hizo en noviembre del pasado año. Fue en enero cuando la Sala de lo Penal reabrió la misma para obligarle a citar a dos peritos.

Sendos peritos del Banco de España ratificaron el pasado mes de febrero ante el magistrado que la decisión de realizar la ampliación de capital fue «una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas».

El juez Pedraz deja claro que no «se deduce la existencia de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían, afirmaciones efectuadas en varias ocasiones por los peritos del Banco de España ante las preguntas de las partes personadas».

En el auto del pasado mes de noviembre el magistrado, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, consideró que la ampliación de capital de 2012 «se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes».

El juez hacía suyas las conclusiones de la fiscal Belén Dorremochea, que remitió un escrito al Juzgado en el que pedía el archivo de la causa haciendo alusión a un documento clave: la pericial del Banco de España que calificó la operación de «éxito» y que sostenía que la ampliación supuso «una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas».

En esta línea, Anticorrupción señalaba que la operación «se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes estados a adoptar medidas que paliaran la situación, que en el caso de España consistieron en implementar estrictas medidas en el sector bancario».

En el supuesto del Popular, explicaba la fiscal, «se calculó que tenían que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y el banco decidió cumplir con los requerimientos a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudadas públicas, optando por realizar una ampliación de capital en 2012 para cumplir los objetivos requeridos a nivel estatal».

PRESENTARON LA INFORMACIÓN EXIGIDA

La decisión, continuaba, se adoptó «en una Junta General Extraordinaria, habiendo efectuado varias reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración, donde se barajaron las distintas opciones para el aumento de las provisiones, así como las ventajas e inconvenientes, efectuando la operación conforme a la normativa pendiente y presentado la información legamente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma».

La fiscal indicaba que, en esa operación, quedó «pendiente reclasificar a dudoso una parte de los importes pendientes identificados por la inspección, reclasificando 3.920 millones de euros en 2013». «Omisión que no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores», asevera.

Así las cosas, la Fiscalía tenía en cuenta «que en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas, y que existía un informe de una auditoría independiente, Deloitte, donde se indicaban que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección del Banco de España, resultando finalmente beneficiosa la operación para los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado».

EL ORIGEN DE LA CAUSA

En el marco de esta investigación, el magistrado tomó declaración al propio Ron y a su vicepresidente Roberto Higuera. Ambos defendieron en sede judicial que el folleto de la ampliación era «claro y transparente y que todas las operaciones relacionadas con la ampliación se realizaron de forma correcta.

Además, el juez también interrogó al exdirector general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y el expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez, que sostuvieron que la citada ampliación de 2012 fue «un rotundo éxito».