ELA, CIG e Intersindical de Catalunya han exigido al Gobierno de España que «vuelva a garantizar» la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los de ámbito estatal y le han advertido de que «debe presentar un proyecto de ley para aprobar la medida sin mezclarla con otras cuestiones, y menos con recortes».

En un comunicado, las organizaciones sindicales vasca, gallega y catalana, han recordado que, el pasado 10 de enero, en el pleno del Congreso de los Diputados, uno de los tres decretos sometidos a votación, el presentado por el Ministerio de Trabajo, no salió adelante, «lo que supuso que la prioridad de los convenios colectivos autonómicos no se ratificara».

A su juicio, el Gobierno central «tiene la costumbre antidemocrática de tramitar diferentes medidas incorporándolas todas para su aprobación a través de decretos-ley», lo que conlleva «tener que aprobar o rechazar el texto en su totalidad, sin posibilidad de modificación».

ELA, CIG e Intersindical de Catalunya han afirmado que la recuperación de la prevalencia de los ámbitos autonómicos de negociación ha sido «una reivindicación constante y compartida» entre los tres sindicatos «durante los últimos años». Según han apuntado, «esta defensa del derecho a la negociación colectiva sin imposiciones» ha motivado «diversas movilizaciones y huelgas durante los últimos años».

En este sentido, han lamentado que las organizaciones sindicales y patronales españolas «siempre han pretendido centralizar la negociación colectiva a nivel estatal». «No ha sido una cuestión pacífica, y la legislación ha venido cambiando. La reforma del 2010 del Gobierno de Zapatero -en un contexto de intervención de facto de Bruselas- modificó el Estatuto de los Trabajadores para otorgar a la negociación de ámbito estatal la prioridad aplicativa de los convenios colectivos», han recordado.

«IMPIDEN LA MEJORA»

Por ello, han destacado que, tras aquella modificación, los convenios colectivos del Estado «dejaron de ser convenios de contenidos mínimos, para convertirse -en algunos casos- en convenios de máximos que impiden la mejora de condiciones en otros ámbitos».

«Los convenios estatales, comparativamente con los convenios de los territorios con mayorías sindicales diferentes a las de CCOO y UGT, son notablemente peores en contenidos», han añadido.

Para las tres organizaciones sindicales, los convenios estatales son «una formula a medida de la patronal para extender la precariedad y maximizar sus beneficios» y «solo así se entiende la posición de la patronal española y su defensa de la unidad de mercado».

Por otra parte, han denunciado que «la negativa de UGT y CCOO solo es explicable desde el interés por mantener un monopolio de la negociación colectiva mediante los convenios estatales, sin respetar las mayorías democráticas de cada territorio».

Por ello, ELA, CIG e Intersindical han defendido como «fundamental» la recuperación de la prevalencia de los convenios territoriales respecto a los estatales «como vía para la mejora de las condiciones laborales, y por cuestiones democráticas y de respeto».

«Defendemos un sistema de negociación colectiva que respete la voluntad de trabajadores y trabajadoras y sirva para equilibrar la capacidad de negociación que las reformas laborales han desplazado absolutamente en favor de la patronal. Sencillamente pedimos que allí donde existan mayorías sociales de cada parte se puedan negociar las condiciones de trabajo», han explicado.

Aunque han dicho desconocer «a día de hoy» en qué situación se encuentra «esta cuestión», han exigido al Gobierno de España y al Ministerio de Trabajo «que vuelvan a presentar lo más pronto posible un proyecto de ley para debatir y aprobar la prioridad de los convenios propios sin mezclarla con otras medidas, y mucho menos con recortes».

También han emplazado a los partidos políticos de sus «países» a que «en sus relaciones con el Gobierno español, la prioridad de los convenios territoriales sea un elemento imprescindible en sus negociaciones».

Port último, se han reafirmado «en el valor y en la vigencia de las movilizaciones y huelgas» desarrolladas durante los últimos años, que han justificado por la defensa de «algo tan básico como el derecho a la negociación colectiva» y por su «compromiso» por seguir valiéndose de las movilizaciones «como herramienta esencial del sindicalismo».