El sindicato CIG ha alertado este lunes contra una reforma de las prestaciones por desempleo que incida en la precarización y ha advertido de que es «el momento» de acometer reformas legales que permitan «restituir derechos» de la clase trabajadora, al tiempo que ha vuelto a exigir un incremento del Salario Mínimo Interprofesional acorde con los datos precisos y que debería alcanzar los 1.253 euros mensuales.

Así lo ha trasladado el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, en una rueda de prensa en Vigo, en la que ha estado acompañado por el responsable confederal de Negociación Colectiva, Francisco González Sío.

Carril ha trasladado la «preocupación» de la CIG por dos cuestiones que, a su juicio, todavía «no están en vías de solución»: por un lado la aprobación de un nuevo SMI, por debajo de lo que España debería alcanzar; y por otro, el anuncio «dentro de una pantomima» de una reforma de las prestaciones por desempleo.

Con respecto a la primera cuestión, Francisco González Sío ha recordado que, si España quiere cumplir la Carta Social Europea, el Salario Mínimo Interprofesional debe ser de 1.253 euros mensuales en 14 pagas, según los métodos de cálculo del Comité Europeo de Derechos sociales y según los módulos salariales que publica la propia Agencia Tributaria.

En cuanto a las prestaciones por desempleo y subsidios, Paulo Carril ha advertido de que las exigencias de cumplimiento de las condiciones impuestas por la UE, unida a la «negociación siniestra» entre ministerios del propio Gobierno de España, pueden desembocar en «nuevos recortes para la clase trabajadora y los desempleados».

Al respecto, ha denunciado, entre otras cosas, un proceso de «privatización» de los servicios de empleo y mediación, para beneficiar a las ETT y agencias de colocación, un aumento de la precariedad para colectivos como los fijos discontinuos, o un «abuso» de los ERTE por parte de las empresas, que «descargan» en las administraciones públicas el peso de dar cobertura a esos trabajadores.

Todo ello ha llevado, según el secretario xeral de la CIG, a la puesta en marcha de un sistema de subsidios basados «en la beneficencia», en lugar de ser una plataforma que otorgue derechos, inserción y acompañamiento a los trabajadores.

Según ha recordado, la CIG reclamó en noviembre al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión Ejecutiva del SEPE para abordar la reforma de las prestaciones, y la semana pasada ha reiterado su petición de una reunión.

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA CIG

En este escenario, el sindicato nacionalista ha planteado un decálogo de medidas para restituir derechos y fortalecer la regulación «frente a las nuevas formas de explotación».

Así, la CIG propone recuperar el papel de los servicios públicos de empleo, transferir todas las competencias a Galicia, mejorar la inversión pública en estos servicios y eliminar las ETT. También proponen derogar el IPREM, para que el SMI sea el «auténtico indicador» a la hora de conceder subsidios y ayudas.

Por otra parte, piden mejorar las prestaciones contributivas por desempleo y mejorar las cuantías en caso de subsidio; garantizar las prestaciones a los fijos discontinuos que, normalmente, no cumplen los ciclos de tiempo necesarios para acceder a esas prestaciones; o implentar una Renta Social de Inserción que sustituya al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Activa de Inserción, para mayores de 18 años que no cobren otra prestación económica, y que incluya una itinerario personal de orientación y formación.

Finalmente, CIG reclama que se aprueben nuevas tablas de cotización en el concepto de desempleo, para que las empresas paguen más y se ‘penalice’ la contratación a tiempo parcial y la fija discontinua. Además, plantea que las empresas que apliquen un ERTE de 12 o más meses paguen el 6 % en este concepto durante la vigencia del expediente de regulación.