Los ayuntamientos gallegos que pidan declarar zonas tensionadas de alquiler tendrán que presentar en el plazo de dos meses un plan específico que contenga las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados, así como el calendario de desarrollo de estas acciones.
Así figura en la disposición adicional introducida por el Partido Popular en las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2024.
La propia conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, explicó la pasada semana que con esta disposición adicional la Xunta busca introducir mecanismos para regular la declaración de zonas tensionadas de alquiler al «no estar habilitada» ninguna fórmula para ello en la ley estatal. «Las leyes están para cumplirse» por lo que la Xunta debe buscar la «fórmula más adecuada posible» para abortar las peticiones de ayuntamientos como el de A Coruña, indicó.
En concreto, el texto incluido por los populares en las enmiendas concreta que le corresponde al Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS) y previa solicitud del ayuntamiento interesado, la designación como zona de mercado residencial tensionado de aquellos ámbitos en los que ocurran los supuestos incluidos en la Ley de vivienda.
La declaración exigirá que, con carácter previo a la presentación de la solicitud, el consistorio interesado constituya una mesa sectorial en la que se analizará la propuesta. En este órgano, tendrán que estar representados los colegios profesionales o asociaciones de administradores de fincas, de agentes de la propiedad inmobiliaria y de personas promotoras de viviendas.
DOCUMENTACIÓN
El texto recoge la documentación que deberán presentar las administraciones locales. Entre ella, el acuerdo del órgano municipal competente para solicitar la declaración, las actas de la mesa sectorial, una justificación de las deficiencias o insuficientes del mercado de vivienda en la zona. También deberán incluir el proyecto de plan específico que incluya las medidas correctoras y el calendario de desarrollo de las mismas.
El IGVS podrá aprobar la zona solicitada como tensioanda previa comprobación de la solicitud, una resolución que deberá motivarse de acuerdo con lo establecido en la Ley de Vivienda. Por su parte, el ayuntamiento interesado, en el plazo de dos meses, deberá aprobar el plan con las medidas para la corrección.
La disposición señala que transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud y de la documentación, el consistorio podrá considerar desestimada su petición a los efectos de permitir la interposición del recurso contencioso administrativo.
Además, la vigencia de la declaración será de tres años, pudiendo prorrogarse por el IGVS anualmente siguiendo el mismo procedimiento cuando subsistan las circunstancias que motivaron la declaración como zona tensionada.
APROBACIÓN DE LAS PONENCIAS
Por otra parte, este lunes, la Comisión tercera del Parlamento de Galicia ha dado luz verde a los nombres que integrarán las ponencias tanto de la ley de presupuestos para 2024 como de la de acompañamiento.
La primera de ellas estará integrada por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, y por Cristina Sanz Arias como suplente por parte del grupo mayoritario. La diputada del BNG Noa Presas será la titular por parte de los nacionalistas y Luis Bará el suplente. Como titular de los socialistas ejercerá Begoña Rodríguez Rumbo y Gonzalo Caballero como suplente.
Por su parte, la ponencia del proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas estará formada por Raquel Arias como titular por parte del Grupo Popular y Maria Sol Díaz Mouteira como suplente; por Luis Bará como titular del BNG y Noa Presas como suplente; y Gonzalo Caballero será el titular del PSdeG y Begoña Rodríguez Rumbo la suplente.
