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Empresarios de Pontevedra alertan del «grave menoscabo» de los pactos del PSOE a la seguridad jurídica e imagen del país

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La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) se ha unido este martes al comunicado emitido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), junto Cepyme y la ATA Nacional, alertando del «grave menoscabo» que los pactos de investidura alcanzados por el PSOE pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, lo cual afecta a la «fragmentación y el debilitamiento institucional» de España.

En un comunicado, la CEP se ha alineado con la postura de jueces y otras entidades públicas y privadas, que han advertido de la amenaza que suponen los acuerdos anunciados para el sistema democrático, «al fragmentar y debilitar las instituciones, además de la propia Constitución Nacional».

La organización ha indicado que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es «piedra angular de la Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de la convivencia del país».

Asimismo, la patronal ha alertado de que se está creando un clima de negocios «cada vez más complicado», en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo.

A ello se añade también, según la patronal, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España en el exterior, claves para la competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española.

La CEP ha lamentado que el debate público derive en «dejadez de funciones» por parte del Gobierno en funciones y el «total abandono del tejido empresarial».

«Desde la convocatoria electoral adelantada, la percepción es que el país va a la deriva, al descuidarse el rigor presupuestario y una mínima estrategia económica para garantizar la sostenibilidad de la economía nacional», han criticado.

Los empresarios han apelado a la Unión Europa para que exija que se cumplan la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que deben cumplir todos los miembros de la Unión, por el peligro que supone una desviación de la ortodoxia democrática y presupuestaria como la actual para el conjunto de la zona euro.

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