La sanción del Instituto Galego de Consumo a los festivales por quedarse de forma «ilícita» con decenas de miles de euros de las pulseras cashless asciende a 7.500 euros, una cantidad que Facua-Consumidores en Acción ha criticado por «ridícula» por el beneficio que se había obtenido con la actuación.
La asociación denunció a las promotoras de dos festivales, Old Navy Port Producciones y Bring the Noise, tras constatar que en sus páginas web informaban del cobro de un euro en concepto de «gastos de gestión» a todos los usuarios que solicitaran la devolución del dinero introducido en la pulsera y que no hubieran consumido durante el evento. Además, imponían el uso de dicho método de pago en todo el recinto de sus festivales y prohibían el pago en efectivo.
Tras las denuncias, el Instituto Galego de Consumo e a Competencia ha comunicado la apertura de expediente sancionador, con la propuesta de multa de 7.500 euros para ambas promotoras.
Facua critica la «tibieza» de la autoridad gallega de consumo ante estas graves irregularidades. Con la imposición de multas con cantidades tan bajas, resulta imposible conseguir que cumplan con su efecto disuasorio, ya que a las empresas les resulta más beneficioso seguir cometiendo las mismas infracciones y, posteriormente, pagar la sanción que le impongan.
La asociación señala que «el beneficio ilícito obtenido por las promotoras al cobrar este euro por la devolución del dinero supera con creces la ínfima multa impuesta» por el IGC.
MÁS DE 132.000 PERSONAS
Según recogieron los medios de comunicación, señala Facua, al Resurrection Fest acudieron más de 132.000 personas, mientras que en el Caudal Fest hubo unos 33.000 asistentes.
De esta forma, si tan solo la cuarta parte de los asistentes hubiera solicitado el reembolso –y, por tanto, se les cobrara el euro extra–, el primer festival habría ganado cerca de 33.000 euros ilícitamente, mientras que el segundo habría obtenido unos 8.200 euros. Cantidades que, en realidad, «podrían ser mucho mayores».
Facua insiste en la necesidad de, no solo revisar la normativa para que recoja sanciones mucho más altas antes infracciones en materia de protección a los consumidores, sino de que las autoridades de consumo «eleven los importes de las multas».
