El Gobierno necesitará el voto de una sola comunidad autónoma para validar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el acuerdo al que llegue bilateralmente con Cataluña en materia de financiación autonómica, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de votos en este foro multilateral, según explican a Europa Press expertos en financiación autonómica.

El voto de esta comunidad puede ser incluso de Cataluña, que, tras varios años de ausencia en este foto multilateral, volvió a acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 2021 a través del conseller de Economía de por aquel entonces, Jaume Giró.

Durante los cinco años anteriores, Cataluña envió a altos cargos del departamento de Economía, que no tenían potestad de voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque en los últimos años ha decidido que acuda personalmente el consejero, que podría ser decisivo para validar el acuerdo bilateral en este foro.

Eso sí, el economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, ha precisado a Europa Press que el Consejo de Política Fiscal y Financiera «no manda» directamente sobre el sistema de financiación autonómica, aunque sea un órgano importante, sino que lo importante es lo que se recoge en la ley de financiación autonómica.

En este contexto, explica que la actual ley no impide que haya negociaciones bilaterales en esta reforma, aunque luego se tenga que someter a la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.

Y EL GOBIERNO TIENE LA MITAD DE VOTOS

Y en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo habitual es que el Gobierno acabe ganando las votaciones, ya que el Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos, mientras que los representantes de las comunidades y las ciudades autónomas disponen cada uno de ellos de un voto.

El acuerdo alcanzado este jueves entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez recoge que se constituirá durante el primer trimestre de 2024 una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances en el logro «de una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña», así como «asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña».

Es decir, tal y como está acordada la ley de financiación, para reforma el sistema habría que someter este acuerdo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que podría salir adelante con el voto del Gobierno y el de Cataluña u otra comunidad.

Sin embargo, la reforma de la financiación autonómica se tendría que materializar a través de una ley orgánica, que se sometería a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación.