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La Xunta triplica fondos en 2024 para la construcción de 737 viviendas protegidas en las siete ciudades

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La Xunta destinará 32 millones en 2024, el triple que en 2023, para la licitación o construcción de 737 viviendas protegidas en las siete ciudades, donde se concentra la «mayor demanda».

El reparto por ciudades es el siguiente: más de 8 millones para Vigo, 206 viviendas en San Paio de Navia –el mes que viene comenzarán obras–; 5,5 millones para 98 viviendas en A Coruña; 7,6 millones para 56 viviendas en Santiago; 5,8 millones para 204 viviendas en Lugo; 1,5 millones para 70 viviendas en Ourense; 2,2 millones para 76 viviendas en Pontevedra y casi 600.000 euros para 27 viviendas en Ferrol.

Los presupuestos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda ascienden un 5,8% en 2024, con un total de 305,7 millones. Este cifra se eleva a 514,8 millones con la suma de Sogama, Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y Xestur.

De ello ha informado la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una comisión parlamentaria en la que señalado que las cuentas se centran en cinco ejes: acceso a vivienda, asentamiento de empresas, Galicia como un lugar ordenado para vivir, la comunidad como «refugio climático» y una apuesta por la reserva natural.

Así, subraya que las partidas para políticas de vivienda y de suelo industrial suman 215 millones el año próximo, un 21% más. Resalta que el acceso a la vivienda supondrá casi uno de cada dos euros del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Se reservan 31,6 millones para favorecer la construcción de inmuebles para alquiler social y ayudar a inquilinos a pago de rentas, con 8,2 millones a la línea de subvenciones para promover alojamientos temporales tipo ‘cohousing’, con un alza del 20,5%. Además, habrá un millón para una nueva línea de ayudas a promotores para construir vivienda en alquiler en municipios con mayor demanda.

La Xunta asumirá el pago del 100% del arrendamiento de los beneficiarios del bono de alquiler social –en los dos últimos años son 1.840 gallegos–. Destina apoyos para comprar viviendas protegidas (1 millón), para que jóvenes se establezcan en municipios de menos de 10.000 habitantes (1,9 millones) y para comprar vivienda en centros históricos (medio millón).

Los tres programas de subvenciones para propietarios y comunidades de vecinos para eficiencia energética suman de forma global 53,7 millones, 10,5 millones más que en 2023. Para rehabilitación de viviendas van 5,1 millones, un 82% más.

SUELO INDUSTRIAL Y MÁS PARTIDAS

El presupuesto para el asentamiento de empresas será de 40,5 millones, un 15% más. Se actuará en 22 parques empresariales, entre lo que destaca: As Gándaras (8,1 millones), San Cibrao das Viñas (4,5 millones), Plisan (3,9 millones), Morás (3,2 millones) y Lalín (3 millones).

Para urbanismo habrá 16,4 millones, entre lo que están 4 millones para colaborar con los municipios en la redacción de sus planes generales.

El plan Hurbe contempla en 2024 un total de 8 millones para actuaciones en municipios. Hay 2 millones para actuaciones contra el feísmo.

Mientras, Sogama contará con 166,2 millones y la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático tendrá un presupuesto de 46,5 millones.

Paralelamente, la conservación de biodiversidad y de espacios protegidos contarán con cerca de 50 millones de euros.

Las ayudas ante daños por fauna silvestre –lobo, jabalí y oso– se llevan 4,6 millones. Se apoyará a los municipios para instalación de jaulas trampa contra jabalís, que Sada, Arteixo y A Coruña ya han solicitado. «SOLO UNA SALA CONCRETA DEL TSXG»

Respecto a las resoluciones judiciales que suspenden proyectos eólicos autorizados por la Xunta, Ángeles Vázquez ha defendido que se produce «solo en una sala concreta del TSXG», que cree que «la ley estatal incumple la normativa comunitaria».

Dice estar «aguardando con ansias» la resolución del Tribunal Supremo. «Adelanto que, si el Supremo no nos da la razón, todos los parques que se están haciendo en el resto de España serían nulos de pleno derecho».

LEY DE LITORAL

Respecto a la ley de litoral, la vicepresidenta ha reprobado las «trabas» del Gobierno central a la actividad en la costa. Afea al Bloque que una formación nacionalista no defienda que Galicia tiene las «competencias», mientras que «ni siquiera el PSOE presentó una sola enmienda», pues «no hubo un solo voto en contra» y «de repente ahora se ponen del lado del Gobierno central».

Entre otros reproches al Ejecutivo central, la conselleira ha expuesto que la ley de bienestar animal supone «exigir mucho y dar muy poco».

LA OPOSICIÓN DENUNCIA UN RECORTE DE FONDOS PROPIOS DE VIVIENDA

Durante el debate, Alexandra Fernández (BNG) ha censurado que esta consellería «va para atrás», con un «recorte de casi el 13%» de actuaciones ambientales.

En materia de vivienda, la diputada nacionalista avisa de que, descontados los fondos del mecanismo de resiliencia, hay una «reducción» de la aportación de la Xunta, de manera que ahora el Gobierno gallego «apenas aporta el 30%» de los fondos.

También alerta de que la Xunta lleva 14 años «hipotecando y destruyendo el territorio para lucro de empresas amigas», pues «se puede aprobar prácticamente cualquier cosa siempre y cuando sea empresa amiga del PP».

Por su parte, Pablo Arangüena (PSdeG) ha criticado que la conselleira esté «tan satisfecha» por la construcción de viviendas públicas, pero la cifra «siga bajo mínimos» y caiga «en picado» con el PP. Compara «menos de 600» viviendas en esta legislatura con las 10.000 viviendas públicas de la etapa de Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta.

Denuncia que la legislación medioambiental «se vulnera impunemente», pues la Xunta hace la «vista gorda» y las declaraciones de impacto ambiental son «constantemente anuladas por el TSXG». Pone el ejemplo del monte de O Gato con la Xunta «saltándose directamente la ley gallega» y «todo apunta para favorecer a su antecesora en el cargo», en referencia a Greenalia y a la exconselleira Beatriz Mato.

Igualmente, Arangüena denuncia que la Red Natura de Galicia es la «más pequeña del Estado», con solo un 12% del territorio frente al 27,5% estatal. También tacha de «despiporre» que la Xunta hable de refugio climático en un «nivel propagandísticio verde absolutamente inaudito». Acusa al Gobierno gallego de que «cínicamente se opusieron» al cierre de las centrales térmicas y ahora sacan pecho por reducción de emisiones.

En cambio, Begoña Freire (PPdeG) ha valorado el incremento de los fondos de este departamento, mientras la oposición «siempre habla de una Galicia gris y débil». Entre otras cuestiones, ha cargado contra el «nuevo atentado» del recurso contra la ley de litoral, a la vez que ha dicho que las 10.000 viviendas de Touriño son «igual que el plan humo» de Pedro Sáchez de viviendas de la Sareb.

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