El impuesto de transmisión de vehículos, una tasa autonómica que se paga en las operaciones de compra de coches de segunda mano, bajará del 8 a 3 % a partir de 2024, y se eliminará para los vehículos de ‘emisiones cero’ (eléctricos e híbridos enchufables).
Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una visita a un concesionario de venta de coches en Nigrán, en la que ha estado acompañado por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.
Durante su intervención en esta visita, el presidente gallego ha puesto en valor el apoyo de su gobierno al sector de la automoción, desde la fabricación hasta las fases de mantenimiento o venta de segunda mano, y ha anunciado esta rebaja fiscal como medida para generar «movimiento económico» y «estimular» la venta de vehículos usados, que el pasado año sufrió «una pequeña disminución».
Según ha explicado, a partir de 2024, y así se reflejará en los presupuestos gallegos que entren en vigor a 1 de enero, el impuesto autonómico de transmisión de vehículos que se aplica en estas operaciones pasará del 8 % (es el tipo que se impone ahora a la mayoría de coches, a excepción de los de ‘emisiones cero’ que es menor) al 3 %. Asimismo, las operaciones de vehículos eléctricos o híbridos enchufables tendrán tasa «cero».
Esta rebaja de casi un 60 % en este impuesto podría aplicarse en unas 60.000 transacciones, según las estimaciones del gobierno gallego, y Alfonso Rueda ha señalado que «merece la pena dejar de hacer esa recaudación» para que se reactive este mercado y «la gente se anime» a adquirir vehículos de segunda mano.
De este modo, ha proclamado, «Galicia se convierte en la Comunidad Autónoma con el impuesto de transmisión de vehículos más bajo», y a esta medida se suman otras rebajas fiscales ya aplicadas por la Xunta, como la rebaja en el tramo autonómico del IRPF, en el impuesto de sucesiones, etc. «Los estímulos y rebajas fiscales siempre son buenos, es mucho mejor bajar que subir impuestos», ha proclamado el titular del Ejecutivo gallego, que ha señalado la decisión como una medida de un «gobierno responsable».
