La CIG presentará una denuncia contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la recomendación de la Carta Social Europea de que el salario mínimo interprofesional (SMI) suponga el 60% de sueldo medio del país. Así, censura que los 1.080 euros mensuales actuales –cifra bruta en 14 pagas– no cumplen con este extremo, de forma que exige que se eleve a 1.215,4 euros este año.

En rueda de prensa, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha explicado que esta reclamación colectiva interpuesta por el sindicato se debe al «caso omiso» por parte del Gobierno central debido a la necesidad de cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea que fija que «los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso». Por ello, se requiere que el Comité Europeo de Derechos Sociales confirme cuál debe ser el SMI para 2023 y los próximos ejercicios tras años de «cercenar derechos» por parte del Estado.

Así, se critica que el salario mínimo ni siquiera alcanzó el 50% del salario medio en 2022, una cifra que se ha incrementado de forma insuficiente en 2023 y sigue lejos de llegar al 60%. Carril lamenta que la CIG ha trasladado esta petición en numerosas ocasiones al Gobierno, pero «no hay voluntad de que se cumpla».

Como país firmante de la Carta Social Europea revisada, las organizaciones sindicales españolas pueden presentar reclamaciones para denunciar la aplicación insatisfactoria de la Carta ante el secretario general y el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.

Ahora, el Comité Europeo deberá decidir sobre la admisión a trámite de esta denuncia. En caso de aceptarse, se abriría un plazo de alegación para el Ejecutivo español. En todo caso, la CIG estima que el plazo para que haya una resolución puede irse más allá de un año.

UN TOTAL DE 574.000 GALLEGOS, POR DEBAJO DEL SMI QUE SE DEBERÍA APLICAR

Por su parte, el secretario confederal de Negociación Colectiva de la CIG, Francisco González Sío, ha llamado la atención acerca de que «mes a mes» miles de trabajadores han ido perdiendo parte de su salario por este incumplimiento, pues la actual subida del SMI no soluciona la «carestía» de la vida.

La CIG estima que unos 574.000 trabajadores gallegos se encuentran por debajo del salario mínimo que debería aplicarse de 1.215,4 euros (17.016 euros anuales), un 53% del total, una cifra que Carril considera «escalofriante». Entre ellos, 166.500 se verían afectados de forma inmediata si pasa de 1.080 a los 1.215,4 euros que demanda la CIG.

Al respecto, González Sío reprocha que el grupo de expertos nombrado por la Ministerio de Trabajo emplea para fijar el salario medio datos de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que tacha de «disparate», puesto que esos datos se basan en una encuesta entre solo 200.000 contratos y que contestan las propias empresas, ni siquiera los trabajadores. Por ello se exige que se empleen los datos de Eurostat, Agencia Tributaria y Seguridad Social como método científico. Precisamente, la CIG da la «bienvenida» a UGT en su coincidencia con esta reivindicación.