El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, se ha mostrado este martes muy crítico con las bajadas de impuestos por parte de otros Ejecutivos autonómicos, una práctica que ha denominado «populismo fiscal».

Peláez ha anunciado que Asturias planteará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la «íntegra reforma de la normativa que regula los impuestos cedidos, junto con el establecimiento de un mínimo de tributación en todo el territorio nacional».

El dirigente asturiano, que fue nombrado esta legislatura, ha comparecido en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para explicar los objetivos de su departamento para los próximos cuatro años.

«Garantizar servicios públicos de calidad es compromiso presupuestario y es incompatible, absolutamente incompatible, con reducir impuestos a los más ricos», ha dicho Peláez.

Así, ha considerado que las rebajas que hace, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en el impuesto de Sucesiones y Donaciones perjudican a otras comunidades como Asturias. «Madrid puede aplicar economías de escala a la hora de prestar servicios públicos y además Madrid tiene el efecto capitalidad», ha señalado, insistiendo en que esa comunidad puede bajar impuestos por ese potencial.

Tampoco ve lógico que la Generalitat Valenciana plantee una bonificación generalizada del impuesto «cuando tiene una deuda de 70.000 millones de euros». «¿Cómo es posible que una comunidad autónoma que tiene esa deuda lo plantee? Eso no es responsabilidad fiscal», ha dicho el consejero asturiano.

Frente a esos modelos, ha comentado que en Asturias las cuentas están «absolutamente saneadas». Pero además, Peláez está convencido de que el modelo progresivo que existe en el Principado es el que necesita y «no tiene ningún impacto sobre la actividad empresarial».

En materia fiscal, Peláez mantiene el rechazo del Gobierno asturiano a incluir un sistema de deflactación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), como han hecho otras comunidades autónomas. El dirigente asturiano ha apuntado que ese método «no es progresivo» y ha apostado por seguir aplicando medidas concretas para las rentas más bajas.

FINANCIACIÓN

El titular de Hacienda ha expuesto en sede parlamentaria cuál será la postura de Asturias de cara a una hipotética reforma del sistema de financiación autonómica y ha hecho referencia la expresada en el acuerdo firmado en junio de 2020 entre todos los grupos de la Junta General, a excepción de Vox.

«Tenemos una posición clara sobre el modelo de financiación que Asturias necesita y, además, estamos convencidos de que es el más justo para toda España», ha defendido Peláez.

En este ámbito, ha abogado por una negociación multilateral «que permita a todas las comunidades expresarse en un plano de igualdad», por la búsqueda de un amplio consenso y por el establecimiento de un nuevo modelo centrado en el coste real de los servicios públicos transferidos, que tenga en cuenta aspectos como el envejecimiento de la población, la dispersión demográfica o la orografía.

Desde su punto de vista, la reforma del modelo debe servir también para modernizar el sistema tributario y armonizar la aplicación de los impuestos cedidos, ha añadido.

JUEGO

En otro orden de cosas, Peláez ha destacado que la Dirección General de Presupuestos y Finanzas recupera las competencias autonómicas relativas a los juegos de azar.

Ha indicado el ahora consejero de Hacienda que es buen conocedor del sector porque tras la crisis financiera del 2008, como otros jóvenes, emigró a Inglaterra en busca de oportunidades laborales. Con 27 años trabajó en un centro de llamadas en la sede central de la casa de apuestas Bet365.

«Conozco la industria del juego de primera mano y aunque a veces se presente de manera aséptica, como un simple negocio vinculado al ocio, sabemos perfectamente que el material con el que comercian no es inocuo, lo que, junto con la industria del juego, con el ánimo de lucro de los operadores, nos obliga a estar siempre atentos y vigilantes», ha indicado.

LEY DE HACIENDA

Peláez ha explicado que en esta legislatura el Gobierno diseñará una nueva ley de hacienda que modernice la gestión económica y ahonde en la lucha contra la burocracia.

La puesta al día de la normativa debe partir, a juicio de Peláez, de la elaboración y aprobación de una nueva ley que sustituya al texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado, que data de 1998 y se ha quedado «obsoleto».

«La normativa actual tiene más de 25 años y estaba pensada para una Administración relativamente pequeña que ha experimentado notables cambios desde entonces», ha explicado. Este cambio legislativo se enmarca en la simplificación. «Apelo a su colaboración para lograr una mayoría parlamentaria que respalde esta necesaria reforma en beneficio de los asturianos y las asturianas», ha dicho.

VENTANILLA ÚNICA

Durante su comparecencia, el titular de Hacienda ha anunciado «un proyecto de vanguardia» relacionado con la contratación pública, orientado a eliminar trabas burocráticas y facilitar la participación de las empresas en estos procesos.

«El objetivo final será crear una verdadera central de compras, conformando una suerte de ventanilla única para los contratistas», ha precisado. En concreto, se persigue estandarizar y homogeneizar los pliegos de contratación de todas las consejerías y del sector público.

EUROPA

En materia de fondos europeos, el consejero ha resaltado la gestión que ha llevado a cabo hasta ahora el Gobierno de Asturias. «La Oficina de Proyectos Europeos ha realizado un extraordinario trabajo que ha permitido aprovechar al máximo los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», ha asegurado.

Para los próximos cuatro años, Peláez se propone reforzar la presencia política del Principado ante la Unión Europea (UE) con un triple objetivo: tratar de influir en las decisiones comunitarias que afectan a la comunidad, ayudar a las empresas asturianas a captar financiación y difundir en Europa la marca Asturias.

Por último, otro objetivo de la legislatura para Peláez será reforzar con más personal la Intervención General, convocando plazas de personal especializado.