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Patronal y sindicatos del metal de Pontevedra firman el nuevo convenio, tras meses de conflicto y el ‘no’ de CC.OO.

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Las tres patronales del metal (Asime, Atra e Instalectra) y los sindicatos CIG y UGT han firmado este viernes el convenio colectivo del sector del metal para empresas sin convenio propio de la provincia de Pontevedra, tras meses de conflicto y pese al ‘no’ de Comisiones Obreras (CC.OO.).

Este documento, que tendrá una vigencia de tres años (hasta 2025), incluye un incremento salarial de un 9%, repartido en una subida del 3% cada año, con un máximo de un 2% adicional si el IPC se situase por encima de ese porcentaje.

Entre otras mejoras, la jornada laboral se reducirá en 16 horas al año, mientras que los empleados dispondrán de un día más de vacaciones, hasta un total de 23 días hábiles.

En materia de contratación, aquellas personas necesarias en los picos puntuales de trabajo, conforme a la modalidad de contrato por circunstancias de la producción que contempla la reforma laboral, tendrán una duración de hasta 12 meses, no de seis como hasta la fecha.

Esta firma llega tras meses de conflicto entre sindicatos y patronal, que llevaron a varias jornadas de huelga con diferentes altercados producidos en la ciudad de Vigo.

Después de más de 15 encuentros entre todas las partes, se consiguió llegar a un principio de acuerdo, que tenía que ser aprobado por los trabajadores en asamblea. Cada sindicato llevó a cabo su propia reunión, siendo aceptado el pacto por parte de UGT y CIG, mientras que CC.OO. lo rechazó.

«BUEN ACUERDO»

En un comunicado, este viernes las patronales han manifestado que «después de tanto sufrimiento y de hechos conflictivos que han sucedido durante los días de huelga», finalmente se ha llegado a un «buen acuerdo» para trabajadores y empresas, que permite «paz social».

Desde la parte empresarial han insistido en que se trata de un documento «garantista» con el que ganan todos, y han incidido en que el convenio sigue siendo un «referente» para empresas y trabajadores a nivel estatal, siendo uno de los principales, ya que afecta a más de 33.000 trabajadores de 3.700 empresas.

«Lo que no podemos pretender es tener convenios idénticos por toda España, obviamente cada uno contempla sus casuísticas, pero los trabajadores pueden estar tranquilos porque se mejoran sus derechos y los empresarios también tienen un marco laboral estable y competitivo», han sentenciado.

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