Xunta y diputaciones han firmado este miércoles un protocolo en el que acuerdan continuar con las negociaciones sobre los consorcios de parques comarcales del servicio contraincendios. Los bomberos comarcales comenzaron el pasado 15 de junio una huelga indefinida para reclamar que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado para la conversión a personal laboral fijo de los efectivos, al tiempo que demandan un convenio autonómico con las mismas condiciones para los trabajadores, unido a la mejora de medios y aumento de personal.

En un comunicado, el Gobierno gallego sostiene que «las fuerzas sindicales representativas de los trabajadores de los parques de bomberos comarcales, que mantuvieron reuniones con representantes de las administraciones el 22 de julio y el 13 de julio pasados, rechazaron sumarse al acuerdo, pese a que este recoge sus demandas». A pesar de ello, Xunta y diputaciones «mantienen el ofrecimiento para avanzar en la negociación».

Sin embargo, los sindicatos representantes de los bomberos han replicado con otro comunicado –firmado por UGT, CC.OO., CIG, Sibggal, CSIF y USO– en el que denuncian haber «sufrido el menosprecio más grande al que se les ha sometido desde hace 20 años». Relatan que se convocó a la parte trabajadora a esta reunión, pero se les contestó que ese protocolo tiene que estar consensuado y que la desconvocatoria de huelga no se va a producir mientras no haya avances en la negociación del convenio colectivo.

Así, los sindicatos explican que se han presentado este miércoles en la Xunta, en donde han quedado a la espera de que les llamen para participar en la reunión, cuestion que no se ha producido y para su «sorpresa» comienzan a ver «una a una» a todas las autoridades convocadas marcharse. Tras ello, se han dirigido al gabinete de Vicepresidencia del Gobierno gallego para pedir explicaciones, a lo que les han contestado que no contaban con ellos allí para el encuentro.

«Desde la parte trabajadora somos conocedores de que la nota de prensa que envió la Xunta de Galicia poniendo de manifiesto que los bomberos no queremos adherirnos a esa firma tiene la única pretensión de desacreditarnos delante de la ciudadanía y tapar la ineptitud de la Administración para resolver este conflicto y demuestra la incapacidad de prestar el servicio que han encomendado», reprueban los sindicatos. «Todo este protocolo que ahora presentan no cambia en nada la situación de los parques ni de los bomberos. Tienen la intención de negociar y de darnos algo que ya es nuestro por ley, que no es otra que la condición de laboral fijo y las condiciones que ya deberíamos tener desde hace unos años atrás y que nos estuvieron negando», agregan.

En el encuentro han participado el vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo; los presidentes de las diputaciones de Ourense, Luis Menor, y Pontevedra, Luis López; así como los diputados José Ramón Rioboo y Pilar García en representación de A Coruña y Lugo, respectivamente.

PROTOCOLO

Según informa la Xunta, el acuerdo sellado fija la voluntad de trabajar para aplicar la sentencia de 28 de enero de 2022 al personal subrogado de los consorcios provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con la condición de personal indefinido fijo que tenían en el momento de la subrogación con motivo del modelo de gestión.

Como primer paso, se prevé la firma de un convenio colectivo en cada uno de los consorcios en el que se recojan las mejores condiciones de los convenios que tenían los trabajadores con las empresas prestadoras del servicio. «Se busca así que se mantenga el personal se realice con un procedimiento con las garantías legales necesarias, tal y como ya había acordado la Xunta con las diputaciones provinciales y conforme a los criterios de la sentencia», explica. El texto firmado recoge que ese convenio se formalizará a la mayor brevedad posible y que tendrá una vigencia de un año.

A partir de esta firma, las partes implicadas se comprometen a iniciar el próximo septiembre la negociación de nuevos convenios colectivos para homogeneizar las condiciones laborales del personal de los cuatro consorcios y que entrarían en vigor en octubre de 2024. En paralelo, se comenzará la tramitación de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).

El Gobierno gallego indica que la prestación del servicio contraincendios es competencia municipal y cuenta con el apoyo económico de la Xunta, que acerca «más del 50% del coste del servicio en el conjunto de Galicia». En 2018 se formuló la posibilidad del cambio de modelo de gestión para pasar de indirecta a directa en los 24 parques de bomberos de los consorcios provinciales, una decisión que fue apoyada por el Gobierno gallego con la condición de que no supondría un aumento del coste ni mayores aportaciones económicas de la Administración autonómica.