La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha mostrado su «enorme preocupación» por la situación que se está desencadenando en Galicia con la sucesión de paralizaciones de proyectos eólicos y ha instado a las instituciones a «encontrar una solución urgente al bloqueo estructural actual».

En un comunicado, la patronal -que agrupa a 310 empresas, cubre el 100% de la cadena de valor de la energía eólica y representa a más del 95% del sector en el país- advirtió de que en los últimos meses se está produciendo una paralización en la tramitación de los nuevos parques eólicos debido a la interpretación de los tribunales en Galicia de la aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos, lo que, en su opinión, «pone en peligro» el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en la región.

De esta manera, llamó a «solucionar» los problemas estructurales que se están viviendo en Galicia, «que pueden acarrear efectos muy negativos y que están condicionados por estrategias de colectivos anti-eólicos, que se basan en justificaciones sin rigor técnico, pero con un fuerte componente ideológico y político, y con intereses contrarios al desarrollo territorial y a la penetración de energías renovables en la comunidad autónoma».

Galicia cuenta con más de 3.800 megavatios (MW) eólicos instalados en las distintas provincias, siendo la cuarta comunidad autónoma por potencia de esta tecnología instalada en España y cubriendo un 54% de la demanda eléctrica con energía eólica.

Asimismo, AEE subrayó que con esta «inédita interpretación judicial», también «se pone en tela de juicio» el proceso que se ha venido llevando a cabo durante más de 10 años, en la fase de consulta pública para la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o de infraestructuras públicas en España y en Europa.

Por ello, «desde el máximo respeto a las decisiones de los tribunales de justicia», el sector consideró que «se está generando inseguridad jurídica para acometer inversiones en nuevos proyectos eólicos, que puede acarrear consecuencias socio económicas muy graves para el desarrollo de las energías renovables en Galicia».

En este sentido, y a modo de ejemplo, indicó que la pérdida de oportunidad es «grave» ya que estima que el retraso de un año en la tramitación de un parque eólico de 50 MW en Galicia tiene un coste para la economía gallega y española de 77,1 millones de euros.

Por ello, la asociación señaló que los proyectos que están siendo paralizados cuentan ya con la aprobación ambiental y la autorización de construcción por parte de los órganos técnicos competentes por parte de la Xunta de Galicia.